Su responsable, Ulrika Richardson, señaló que los servicios vitales corren el riesgo de detenerse, incluso para mujeres embarazadas, recién nacidos y niños, además de personas que sufren traumas e infecciones que ponen en peligro las vidas.
Según un comunicado del organismo, tres de cada cuatro hospitales están afectados, y algunos de ellos ya no pueden recibir nuevos pacientes mientras otros se preparan para cerrar sus puertas.
“El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia calcula que unos 22 mil 100 niños menores de cinco años y más de 28 mil recién nacidos corren el riesgo de no recibir servicios sanitarios esenciales durante las próximas cuatro semanas”, indicó la nota.
También se encuentra limitado el Centro Nacional de Ambulancia, que en Puerto Príncipe funciona actualmente con solo tres vehículos, mientras que en el resto del país los servicios se redujeron gravemente o incluso se interrumpieron por completo.
Haití lleva meses lidiando con un desabastecimiento de los hidrocarburos mientras crece el mercado informal donde los precios llegan a octuplicar los oficiales y disparó los costos de la canasta básica y servicios como el transporte colectivo o la generación doméstica de electricidad.
La situación provocó protestas en todo el país que se intensificaron hace dos semanas cuando el Gobierno anunció un aumento del hasta el 228 por ciento de la gasolina, el diésel y el queroseno, a pesar de la ya grave crisis económica.
Al descontento popular se sumó el bloqueo a la principal terminal petrolera del país por grupos armados lo cual interrumpió la distribución.
La organización Nuestros Pequeños Hermanos y Hermanas que gestiona al menos tres centros de salud alertó que, debido a la indisponibilidad regular de combustible en el territorio nacional desde hace varios meses y la reciente agitación social en el país, sus reservas estratégicas están casi agotadas.
La institución lanzó un grito de ayuda a las autoridades para permitir la reposición de sus existencias e indicó que peligra la hospitalización de 153 niños, 47 embarazadas y más de 70 adultos.
Es la segunda vez en menos de un año que los grupos armados limitan la distribución de ese rubro esencial, luego que en noviembre detuvieran por un mes la comercialización para reclamar la renuncia del primer ministro, Ariel Henry.
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