La Jornada editorializa hoy sobre la increíble actuación de la magistrada que desestimó evidencias de culpabilidad al principal involucrado en el execrable crimen y resolvió contra la vinculación a proceso por delitos de tortura, contra la procuración de justicia y desaparición forzada, en el caso Ayotzinapa.
El juzgado décimo sexto de distrito en materia de amparo, del que forma parte Ruiz, también se declaró incompetente para continuar con el asunto y ordenó tornar el expediente a un juzgado penal de la capital.
El amparo otorgado al político hidalguense pone en pausa el proceso penal abierto en su contra, pero no implica su liberación inmediata.
Esto último porque la Fiscalía General de la República tiene la facultad de impugnar el resolutivo para que el caso se turne a un tribunal colegiado, el cual determinaría si confirma, modifica o revoca el fallo de primera instancia.
La errática actuación de la fiscalía en eventos recientes no permite asegurar que se dé esta apelación, pero está claro que hay una obligación absoluta de agotar todos los recursos para revertir este despropósito del Poder Judicial y evitar un daño enorme a los avances de la investigación.
Lo que no puede perderse de vista es que todos los elementos conocidos apuntan a la responsabilidad en la operación de encubrimiento del crimen de Iguala que atañe al también exsenador y diputado del Partido Revolucionario Institucional.
También que tal operación fue orquestada para impedir que se conociera la verdad sobre lo ocurrido la noche del 26 de septiembre de 2014 en esa ciudad guerrerense.
Como procurador, Murillo Karam estuvo al frente de las maniobras para construir una versión falsa con base en testimonios obtenidos mediante torturas que tuvieron lugar en sus oficinas.
También sembró pruebas falsas que pasaron por su validación, y es inequívoco que en este papel obstruyó de manera sistemática y acaso irremediable la impartición de justicia, recuerda La Jornada.
Más allá de la suerte del ex funcionario de la administración de Enrique Peña Nieto, el fallo de ayer robustece las sospechas de que buena parte del Poder Judicial se encuentra empeñado en regalar impunidad a los responsables de la desaparición de los 43 jóvenes normalistas.
Además, que ese poder de la Unión encargado de impartir justicia se erige hoy en un obstáculo formidable para el esclarecimiento de las atrocidades que tuvieron lugar hace ocho años.
Esta conducta de los togados en torno al caso más emblemático de violación a los derechos humanos en la historia reciente del país nos coloca ante la urgente necesidad de reformar y sanear el Poder Judicial en todos sus niveles, opina La Jornada.
mv/lma
