“Es bastante increíble que desde la Torre Ejecutiva (sede presidencial) se haya montado una organización delictiva con derivaciones y consecuencias internacionales y que no se haya informado al presidente de las características del personaje que supuestamente lo estaba cuidando”.
Así expresó el legislador Enrique Rubio en referencia a que el jefe de Estado, Luis Lacalle Pou, declaró desconocer que Astesiano tenía antecedentes penales, au nque sí anotaciones policiales.
A título personal, consideró que se debe pedir explicaciones al MI, ya que “tenía todos los elementos para advertir al presidente”.
“O bien el ministerio no advirtió al presidente de la información que se tenía sobre este personaje, lo cual sería realmente muy preocupante, o el presidente hizo caso omiso de esos antecedentes”, evaluó según el rotativo la diaria.
A su vez el senador frentamplista (FA) Alejandro Sánchez consideró el asunto como «escándalo internacional» y señaló que “la custodia presidencial en Uruguay es controlada por el prosecretario” de Presidencia, Rodrigo Ferrés, quien mantiene mutis sobre el caso.
“Nos parece de una gravedad extrema”, acotó otro legislador frenteamplista, Charles Carrera, quien calificó de increíble que se utilizarán las intalaciones de la sede presidencial para cometer delitos.
“Peligra nuestra imagen internacional porque esta noticia recorre el mundo y se conoce que esta asociación para delinquir podría haber falsificado cientos de pasaportes uruguayos para beneficiar a ciudadanos rusos que evidentemente no cumplían los estándares mínimos para tener dicho documento de viaje”, adicionó.
La situación no sólo preocupa al FA. El senador de Cabildo Abierto (de la coalición gubernamental), Guillermo Domenech, apuntó en conferencia de prensa que el gobierno deberá prestar atención a la valoración que se tenga de la documentación uruguaya en el exterior, porque “el prestigio de nuestros pasaportes ha quedado herido”.
El escándalo que hoy ocupa titulares aquí en los medios de comunicación es relacionado con otro aún por superar.
Sebastián Marset, considerado jefe del Primer Cartel Uruguayo, recibió el año pasado un pasaporte nacional pese a estar detenido en Dubái por documentación falsa.
El narcotraficante Marset sigue prófugo de la justicia y es reclamado por la Interpol.
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