De acuerdo con los números divulgados por la oficina de prensa del Legislativo tico, la presidencia de Eduardo Cruickshank -de la provincia de Limón y descendiente de jamaicanos- ha sido una de las más productivas, pues entre el 1 de mayo de 2020 y abril de 2021, los diputados aprobaron 136 proyectos de ley.
Muchas de las iniciativas sancionadas estuvieron vinculadas a la lucha contra la pandemia de la Covid-19, iniciada aquí en marzo de 2020, con el propósito de paliar la crisis sanitaria, económica y social, y sus efectos en la mayoría de los sectores, pero en especial en el del turismo.
Otro hecho relevante durante este tercer año de la actual legislatura, iniciada en mayo de 2018 y que concluye el 30 de abril de 2022, radicó en el estreno de la nueva sede de la Asamblea Legislativa, que muchos costarricenses critican por ser un edificio de 21 pisos forrado de concreto, poco vistoso, donde el Plenario está en uno de los sótanos.
Y aunque la mayoría de los legisladores exaltan su trabajo estos 12 meses, el diputado por el Frente Amplio, José María Villalta, estimó que este tercer año legislativo estuvo marcado porque el gobierno dejó pasar una oportunidad para mejorar las condiciones de miles de ticos y prefirió enviar al Legislativo proyectos en perjuicio de la clase trabajadora.
Por ello, Villalta aseguró que hay un deterioro de los indicadores sociales en materia de salud, empleo y pobreza, donde la agenda del Gobierno está signada por el recorte del presupuesto de las instituciones públicas y el ensañamiento contra la clase trabajadora.
En el mismo sentido, agrupaciones sindicales, políticas, sociales y populares del país coinciden en criticar a los llamados Padres de la Patria, porque poco hicieron a favor del pueblo y la clase trabajadora, y por el contrario recargaron sobre ellos todo el peso de la crisis económica por la pandemia.
Para muchos de los integrantes de estas organizaciones, los diputados se aliaron con la clase empresarial y el Gobierno para golpearlos aún más, y ponen como principal ejemplo el proyecto de ley de Empleo Público, el cual impulsa el Ejecutivo para conseguir un crédito por mil 778 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Dicha propuesta legal y el mencionado préstamo del FMI solo endeudarán más a Costa Rica, aumentarán la desigualdad social y empobrecerán aún más al pueblo y a la clase obrera.
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