Según la agencia angoleña de prensa (Angop), la decisión fue adoptada por el presidente João Lourenço a fin de estudiar los problemas persistentes y avanzar en la masificación de ambos trámites, esenciales para el acceso de los individuos a bienes y servicios básicos.
Al comunicar la medida, el Ejecutivo confirmó la necesidad reforzar el usufructo de los derechos fundamentales de los ciudadanos nacionales e indicó que el equipo multisectorial será coordinado por el ministro de Estado y jefe de la Casa Civil del mandatario, Adão de Almeida.
De acuerdo con la fuente, el titular de Justicia y Derechos Humanos actuará como coordinador adjunto del grupo de trabajo, compuesto también por los máximos responsables de las carteras del Interior, Relaciones Exteriores, Finanzas, Administración del Territorio y Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación Social.
Además, intervendrán los directores del Servicio de Informaciones y Seguridad del Estado y del Instituto de Modernización Administrativa.
El propósito, recalcó la Casa Civil, es garantizar el goce cabal de los derechos fundamentales por los angoleños.
Evaluaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) sostienen que a escala mundial aumentó de manera considerable el número de niños y niñas cuyos nacimientos se inscriben oficialmente, pero más de 160 millones, menores de cinco años de edad, continúan sin registro civil.
Un niño o niña que no es inscrito al nacer «es invisible», al quedar inexistente ante los ojos del Gobierno o de la ley; y sin una prueba de identidad, suelen quedar excluidos del acceso a la educación, la atención de la salud y otros servicios vitales, y son vulnerables a la explotación y el abuso, estimó la agencia.
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