La resolución justifica la intervención por el riesgo de una crisis humanitaria “de grandes proporciones”, en especial tras la repentina reaparición del cólera y el acelerado deterioro de la situación de seguridad, puede leerse en el número especial de periódico oficial Le Monitor.
Además, consideraron el bloqueo a las terminales petroleras por parte de las bandas armadas que tiene “consecuencias catastróficas” en el funcionamiento de los hospitales, en la disponibilidad de agua potable, reinicio de las escuelas y suministro de alimentos, apunta el texto.
Ante este escenario el Consejo de Ministros considera “imperativo” evitar la asfixia completa de la economía, además que expresó la necesidad de alcanzar un clima propicio para realizar elecciones generales.
La resolución ya generó numerosas críticas entre organizaciones y personalidades que consideran que está en juego la soberanía nacional.
“El primer ministro de facto y todos sus ministros no tienen autoridad ni legitimidad para comprometer al país. Declaramos que este documento es nulo y sin efecto y no concierne al pueblo haitiano”, expresó en Twitter el exsenador y líder del partido Pitit Dessalines, Moïse Jean Charles.
Por su parte, el partido Organización del Pueblo en Lucha manifestó su desacuerdo con el ingreso de fuerzas militares extranjeras y reiteró que el país necesita apoyo directo en equipamiento y otros insumos para que la Policía pueda realizar su trabajo.
De 2004 a 2017 Naciones Unidas desplegó sus cascos azules en Haití tras el golpe de Estado contra el entonces presidente Jean Bertrand Aristide.
Para muchas organizaciones sociales y políticas, la ocupación fue un fracaso por las denuncias de violaciones, introducción del cólera, además de no lograr los objetivos de pacificar el país, aseguraron.
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