Al presentar las conclusiones de la visita que inició el pasado día 3 al país, Orellana instó al Gobierno a responder por el cumplimiento de los acuerdos internacionales sobre químicos y desechos.
“Es responsabilidad del Estado garantizar el derecho a un medio ambiente saludable y proteger a su población de los efectos del uso de pesticidas” sostuvo el experto chileno durante una conferencia de prensa.
Puntualizó que el modelo de producción agroindustrial impulsado por el Estado causa daño a comunidades “victimizadas” por las desmedidas fumigaciones aéreas y terrestres con pesticidas peligrosos para la vida y la salud.
Aunque consideró que el país tiene la oportunidad de enfrentar este problema con éxito, anotó que, de no hacerlo, arriesga su participación en mercados internacionales asociados a cadenas de suministro respetuosas del entorno.
Señaló que en Paraguay se vierte un promedio anual de 4,25 litros por hectárea de pesticidas, situación agravada por la importación de herbicidas altamente tóxicos como el paraquat, prohibido por la Unión Europea desde 2007.
Orellana aprovechó esta oportunidad para reiterar que la comunidad internacional debería ponerle fin a los dobles estándares del comercio de pesticidas vedados en sus países de origen.
Declaró, además, que quienes se oponen a la contaminación de sus comunidades y defienden las buenas prácticas en la agricultura son muchas veces criminalizados por el Ministerio Público.
Durante su visita a Paraguay, el experto se reunió con autoridades gubernamentales, familiares de víctimas, representantes de la sociedad civil, el sector privado y agencias de la ONU.
También conoció comunidades campesinas y pueblos indígenas en los departamentos de Presidente Hayes, Alto Paraná, Canindeyú, San Pedro y Guiará.
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