La propuesta busca conseguir la creación de la figura delictiva de «enriquecimiento ilícito», con multas, inhabilitaciones y penas de prisión para los funcionarios que incurran en este tipo de corrupción.
El propósito es fortalecer la legalidad y la transparencia en la Administración Pública, para combatir el abuso de poder con fines de enriquecimiento.
Los senadores frentamplistas reconocen que en la legislación nacional existen figuras sobre el asunto, pero consideran que la penalización de tal conducta constituye un vacío en el ordenamiento jurídico del país.
En tal empeño proponen que los jerarcas públicos deban presentar declaración jurada de bienes e ingreso hasta cinco años después de cesar en el cargo.
A su vez, buscan castigar a quienes colaboren a disimular el enriquecimiento ilícito de aquellos individuos que estuvieron en puestos públicos.
Entre otros aspectos, el proyecto entiende que hubo enriquecimiento ilícito cuando el patrimonio se incrementó con dinero, bienes muebles o inmuebles u otros valores.
También contempla cuando el implicado cancele deudas o extinga obligaciones.
Las penas previstas van desde los 18 meses a seis años de prisión, además de fuertes multas.
En el caso de cargos electivos, de particular confianza o designados por venia parlamentaria, la pena será de dos a 10 años de penitenciaría, además de castigos financieros.
El Frente Amplio presentó a la par un proyecto para la «revitalización» de la Junta de Transparencia y Ética Pública, a fin de profundizar el nivel de independencia de ese organismo.
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