“No sé qué habrá pasado en este cuarto intermedio”, lamentó la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quien encabezó la reunión, en referencia al receso del que Camacho y sus seguidores de la derecha regresaron con una actitud tajante.
Las exigencias que plantearon fueron la realización del Censo de Población y Viviendas en 2023 y los resultados en seis meses, a pesar de que con anterioridad ya existían coincidencias de que el trabajo técnico de ambas partes fijara la fecha.
El gobernador fue el primero en retirarse con la expresión radical de que nada se negociará fuera de 2023.
Vicente Cuéllar, rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y portavoz Del Comité Interinstitucional cruceño, en cambio, permaneció en la mesa de negociaciones, y a él entregó Prada el documento en que consta la propuesta escrita del Gobierno.
Sin que se precisara una nueva fecha de encuentro, Cuéllar y la ministra de la Presidencia expresaron la voluntad de estudiar la iniciativa de cada parte y posteriormente realizar una nueva reunión para conciliar las posiciones.
Por su parte, durante el debate transmitido en directo por la televisión, el portavoz presidencial, Jorge Richter, instó a centrar la mirada en soluciones y dejar a un lado los reproches y posturas políticas.
“Hemos venido no a reprocharnos las cosas, sino a avanzar para dar una solución a los bolivianos”, expresó tras un intercambio de acusaciones entre los integrantes del Comité y las autoridades nacionales sobre el porqué fue necesario reprogramar el proceso censal para 2024.
En su primera intervención, Camacho criticó al Movimiento al Socialismo, descalificó al Cabildo de todo el Pueblo realizado la noche anterior en Santa Cruz y sostuvo que el Decreto Supremo 4760 que regula el proceso censal se aprobó arbitrariamente.
De su lado, Prada recordó a Camacho su inasistencia a la reunión del Consejo Nacional de Autonomías del 12 de julio del año en curso, en la cual estuvieron los otros ocho gobernadores, donde se definió en consenso reprogramar el Censo para el 2024.
Por todo ello Richter insistió en centrar los esfuerzos en las posibles soluciones que permitan allanar el proceso censal y cumplir las exigencias técnicas necesarias para obtener resultados de calidad.
«El gobernador de Santa Cruz carece de voluntad democrática, nunca tuvo una voluntad real de diálogo y prioriza sus intereses políticos», expresó Prada en conferencia de prensa.
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