El problema de la inseguridad es nacional, dijo el también canciller en conferencia de prensa y rechazó la propuesta del presidente del Senado Joseph Lambert, quien recientemente expresó la necesidad de desalojar las bandas armadas.
Joseph aseguró que la Policía Nacional (PNH) está decidida y movilizada a luchar contra ese fenómeno en todas sus formas, y solicitó el apoyo de la comunidad internacional para limitar la adquisición de armas y municiones a las pandillas.
Para el funcionario, el aumento de los casos de secuestros está relacionado con el 7 de febrero, fecha en que un amplio grupo de opositores, organizaciones sociales, líderes religiosos y sindicales, así como abogados y jueces, estiman a término el mandato constitucional del presidente Jovenel Moïse.
‘Todo el mundo es consciente de la dimensión política, pero no pueden documentarla’, aseguró en rueda de prensa, y criticó a quienes usan esta práctica para eludir las urnas.
Según el también presidente del Consejo Superior de la Policía Nacional, quienes están detrás de los secuestros ‘no tiene ninguna posibilidad de tomar el poder a través de las urnas’.
Además, anunció que el Gobierno tomó medidas para combatir la inseguridad, entre ellas limitar el acceso con contenedores a la zona de Martissant, situada en la entrada sur de la capital, y bajo la influencia de bandas armadas.
También se aprobó el aumento de presupuesto a la Policía y se encargaron nuevos materiales y equipamientos para ese cuerpo, además de la reactivación de sus Servicios de Inteligencia.
De acuerdo con Joseph, la PNH no duerme a pesar de las insatisfacciones, y están trabajando actualmente para responder a las preocupaciones legítimas sobre la inseguridad.
El pasado fin de semana, al margen de la inauguración de un mega proyecto de embalse, el presidente Jovenel Moïse aseguró que el 80 por ciento de los secuestros son de naturaleza política, y amenazó con poner tras las rejas a los autores intelectuales.
El Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos reveló recientemente que en el primer trimestre de año al menos 157 personas fueron secuestradas, entre ellas menores de edad que sufrieron abuso sexual. La cifra duplicó las registradas en igual periodo de 2020, indicó el organismo.
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