De acuerdo con el analista Carlos Oporto, de enero a octubre de 2022 se registraron tres mil 538 asesinatos, un número que al ritmo actual podría llegar a más de cuatro mil en diciembre venidero.
En los últimos 32 años, el índice más alto de homicidios intencionales reportado fue en 2009, con dos mil 625 casos, y la menor cantidad en 1990, con 892 casos, aunque entre 2016 y 2018 los números estuvieron igualmente por debajo de mil.
Ante el actual contexto, Oporto proyectó que la tasa de asesinatos en Ecuador al finalizar este 2022 llegará a 24,4 por cada 100 mil habitantes, valor que al concluir el gobierno de la Revolución Ciudadana, en 2017, se ubicó en 5,78.
Ecuador va a estar por encima del promedio de los países de la región, cuya tasa es de 18, y pasaría a ser uno de los territorios más violentos de América Latina, estimó el sociólogo y experto en temas de seguridad Fernando Carrión en entrevista exclusiva con Prensa Latina.
Este miércoles se cumple un mes del nombramiento de Juan Zapata como ministro del Interior, quien sustituyó a Patricio Carrillo luego del escándalo que estalló tras el femicidio de la abogada María Belén Bernal.
Su designación llegó mientras Ecuador atraviesa la peor crisis de inseguridad de su historia, pero después de 30 días en el cargo todavía no se ven resultados en materia de seguridad, mientras la ciudadanía exige acciones urgentes para frenar la delincuencia.
El pasado fin de semana fue el más violento del año, con un récord de 25 asesinatos en las ciudades de Guayaquil y Durán, indicaron los datos de la Policía Nacional.
Justamente en la urbe conocida como Perla del Pacífico un equipo periodístico del canal Teleamazonas fue víctima en la mañana del martes de un intento de robo armado en los exteriores del Estadio Monumental mientras transmitía en vivo.
Entretanto, en la capital de la provincia Esmeraldas, considerada la más violenta del país, las autoridades locales solicitaron al Ministerio de Educación la suspensión de las clases presenciales en la enseñanaza básica, media y bachillerato por el alza de los crímenes en ese territorio costero.
La alcaldesa esmeraldeña, Lucía Sosa, insistió en que el gobierno del presidente Guillermo Lasso tiene la ciudad abandonada y no atiende sus necesidades de educación, empleo y alimentación, lo cual favorece el incremento de la criminalidad.
A eso se suma la crisis carcelaria, que entre 2021 y 2022 dejó un total de 403 reos muertos bajo la custodia del Estado.
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