El tribunal del estado determinó que el auto de vinculación a proceso que se dictó en contra de Duarte Jáquez por delitos de peculado y asociación delictuosa, con penalidad agravada, cumple con los requisitos constitucionales y no hay violación a los principios de concentración, continuidad, publicidad y de presunción de inocencia.
Con esos motivos, indicó Juan Fernando Luevano Ovalle, titular del Juzgado, se le negó el amparo al considerarse infundados los agravios del ex gobernador y aclara que el auto de no vinculación a proceso se resolvió de manera oportuna en su contra. La resolución ya causó ejecutoria, debido a que Duarte Jáquez no la impugnó.
Duarte se encuentra privado de la libertad en el Centro de Reinserción Social número 1, del municipio de Aquiles Serdán, Chihuahua.
El juez recordó que existen datos que revelan que el ex mandatario regional fue detenido en Miami, Florida, Estados Unidos, donde permaneció por más de cinco años, incluso la propia defensa sostiene que tramitó su residencia y cuenta con licencia para conducir en esa nación.
Lo que evidencia, objetivamente, que el imputado carece de arraigo en el lugar donde deba ser juzgado y cuenta con las facilidades para abandonar el país; aunado a la pena que pudiese imponérsele por los hechos imputados. En ese sentido, es incuestionable que existe la posibilidad de que se sustraiga de la acción de la justicia”.
De acuerdo con la investigación de la Fiscalía de Chihuahua, entre 2011 a 2014, Duarte Jáquez acordó con diversos funcionarios y personas ajenas al servicio público un reparto de roles y actividades, para desviar recursos del patrimonio estatal por 96 millones 685 mil 253 pesos.
El exfuncinario fue detenido el 8 de julio de 2020 en Florida, Estados Unidos, enfrentó a la justicia en el estado de Chihuahua después de un proceso ante la Corte Federal del Distrito Sur de Miami, en el cual alegó sufrir persecución política.
Fue vinculado a proceso penal en junio de este año por los delitos de peculado y asociación delictiva ya que fue señalado por transferencias ilegales del dinero indicado que hizo de las arcas públicas hacia sus empresas, ranchos e incluso a su cuenta de nómina personal mientras era gobernador.
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