Para partidos opositores, la LSN concibe transgresiones de la Constitución de la República de 1988, por lo cual no podía ser reconocida en varios de sus puntos como estatutaria.
Alertaron que el reciente uso de esta legislación dejó en claro su espíritu autoritario, derivado de su propia creación en tiempos de la dictadura militar (1964-1985).
Lo cual, precisaron, ‘no estaba en consonancia con la libertad de expresión y opinión garantizada en el actual paradigma constitucional brasileño’.
Tras la derogación por los diputados, ahora se requiere la aprobación del Senado.
El flamante contenido normaliza 10 nuevos delitos que son atentado a la soberanía, a la integridad nacional, espionaje, abolición violenta del Estado de Derecho Democrático y golpe de Estado.
De igual manera, interrupción del proceso electoral, comunicación masiva engañosa, violencia política, sabotaje y atentado al derecho a manifestarse.
Todos contemplan penas de cárcel, que van desde un año hasta los 12, en dependencia de la infracción.
Al respecto el presidente de la Cámara baja, Arthur Lira, afirmó en la red social Twitter que ‘la revisión (de las legislaciones) es importante para la defensa de las instituciones, así como la protección de las libertades y garantías fundamentales’.
Según la ponente del proyecto, Margarete Coelho, la nueva norma en defensa de la democracia es necesaria para acabar de una vez por todas con la LSN y lo que ella llama la ‘doctrina de la seguridad nacional’.
Esta, agregó, concebida ‘en un periodo de Guerra Fría que veía a los nacionales como enemigos de la patria, sometía a los civiles a la jurisdicción militar’ y, por tanto, no tendría ninguna relación con la Constitución de 1988.
Promulgada en 1983 por el último presidente del régimen castrense, João Figueiredo, la LSN no solo sigue siendo válida, sino que recientemente se convirtió en base de supuestos juicios.
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