La moción, denominada Royalty Minero y que deberá ser analizada y votada en el Senado, prevé un impuesto del tres por ciento al valor de las ventas de los minerales extraídos, que aumentará en correspondencia con la subida de los precios de esos minerales en el mercado internacional.
Considerada por sus promotores muy importante para el país, fue aprobada con 78 votos favorables, 55 en contra y cuatro abstenciones, con una fuerte oposición de las bancadas de derecha y del Gobierno, que amenaza con presentar recurso de constitucionalidad si resulta finalmente aprobada por el Congreso Nacional.
El ministro de Energía y Minería, Juan Carlos Jobet, reiteró esa posición y descartó que la medida pueda ayudar a engrosar las arcas del Estado en la actual crisis sanitaria, pues según dijo la gran mayoría de los contratos establecidos con las empresas mineras establecen invariabilidad tributaria hasta 2024.
Asimismo dijo esperar que el Senado se exprese en contra del proyecto.
Desde la oposición, el diputado comunista Daniel Núñez, presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, aseguró que la medida ‘le devuelve la dignidad a Chile y también reivindica la política’.
Explicó que con ella se busca una distribución más justa y equilibrada de la riqueza que generan las grandes empresas mineras cuando el precio del cobre está muy cerca de llegar a su máximo histórico, y asegurar parte de esas enormes ganancias en manos de Chile.
Por su parte, Giorgio Jackson, diputado del Frente Amplio, aseguró que ‘más que nunca necesitamos el cobre para Chile, tanto para las urgencias de hoy como para los desafíos del mañana’.
Se prevé que la mitad de lo recaudado por el Royalty vaya al presupuesto de la nación y de la otra mitad el 25 por ciento iría a un fondo para financiar proyectos de desarrollo regional y comunitario en aquellos municipios donde se realiza la explotación minera.
El 25 por ciento restante sería destinado a obras de infraestructura en las regiones donde esté enclavada la explotación, o programas de investigación en universidades estatales.
Como era de esperar, la propuesta ha sido fuertemente rechazada por los representantes de las grandes empresas mineras que han movido todos sus resortes para tratar de impedir que triunfe.
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