Camacho visitó hoy el comando de la Policía en el departamento considerado la capital del oriente boliviano con el objetivo de pedir “resguardo para la población ante los ataques de los masistas” (partidarios del MAS).
Esa visita ocurrió tras el ataque realizado este viernes en la mañana por la Unión Juvenil Cruceñista contra una marcha pacífica de sectores sociales que con banderas blancas reclamaban su derecho al trabajo y a la libre movilidad.
La diputada Morales basó su denuncia sobre un hipotético golpe en que al final de la presencia de Camacho en la sede policial ofreció una conferencia de prensa junto al jefe de ese cuerpo armado, Johnny Chávez.
El jerarca policial se limitó a expresar que sus agentes median para evitar actos de violencia y llamó a “ambas partes” a bajar tensiones.
Paralelamente, comenzó el ataque del grupo paramilitar subordinado a Camacho y al cívico Rómulo Calvo, que concluyó con el incendio y el saqueo de la sede cruceña de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos (Csutcb).
Ante esta acción vandálica, el secretario ejecutivo de la organización, Hébert Rojas, exigió al Gobierno nacional activar la detención de Camacho y de Calvo por la violencia en Santa Cruz.
“Más que nunca, lamentamos estos hechos de violación a los derechos de nuestros compañeros en Santa Cruz; exigimos al Gobierno actuar tal como manda la Constitución», declaró.
Rojas fue enfático en la exigencia de que el Gobierno ponga en marcha medidas de seguridad para proteger a la población y a los campesinos en el departamento cruceño.
De su lado, la Federación de Mujeres Campesinas “Bartolina Sisa” responsabilizó también a Camacho y Calvo, a quienes acusó de avanzar en el camino de un nuevo golpe de Estado.
Su secretaria ejecutiva, Flora Aguilar, reiteró que el Gobierno y los operadores de justicia tienen que actuar con celeridad y sancionar a los responsables por la quema de la Federación de Campesinos, ubicada en la avenida Irala del primer anillo, zona muy urbanizada.
“Camacho y Calvo son responsables de estos nuevos sucesos, ellos no buscan el censo, quieren atentar contra el Gobierno y buscar impunidad”, comentó en alusión al inicio del paro con la exigencia de que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023, y a la participación de Camacho y Calvo en el golpe de Estado de noviembre de 2019.
La Confederación Obrera de Bolivia, igualmente, exigió al Gobierno encarcelar a los culpables de la violencia y a los policías y militares que se presten a la maniobra golpista como en 2019.
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