Según las últimas cifras de la ONU, el actual contexto exacerba la difícil situación humanitaria y de derechos humanos experimentada por años en ese país, donde se reportan al menos 613 civiles muertos y 948 heridos en lo que va de año, la cifra más alta desde 2017 y casi un tercio más que en 2021.
La información abundó que Al-Shabaab también sigue utilizando bombas suicidas, la más reciente de las cuales tuvo lugar el 29 de octubre cerca del Ministerio de Educación en la capital, Mogadiscio, tras lo cual 121 personas murieron y 333 resultaron heridas acorde con fuentes oficiales.
Aparte de los ataques, la información más reciente recopilada por la ONU indica que el grupo extremista destruyó numerosos pozos y envenenó otros en la región de Hiraan, cuando los somalíes enfrentan dificultades extremas debido a la sequía generalizada en muchas partes del país.
Frente a tal escenario, Türk pidió al Gobierno que tome todas las medidas necesarias para fortalecer la protección de todos los civiles, de acuerdo con las normas y estándares internacionales de derechos humanos.
“Atacar deliberadamente a civiles y destruir, como tales, bienes indispensables para la población civil, constituye un crimen de guerra según el derecho internacional”, manifestó el funcionario.
También enfatizó la necesidad crucial de que se rindan cuentas por las graves violaciones, y dijo que era clave para cualquier esfuerzo serio por poner fin al círculo vicioso de violencia que desde hace años castiga a Somalia.
“Todas las partes en el conflicto deben cumplir con sus obligaciones en virtud del derecho internacional humanitario y garantizar que los civiles estén protegidos. Esto también incluye a los elementos armados que participan junto al Gobierno en el conflicto contra Al-Shabaab, así como a las fuerzas internacionales”, remarcó.
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