La advertencia fue formulada en una conferencia de prensa por el vicerrector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Reinerio Vargas, en representación del llamado comité de movilizaciones en el contexto de la medida de fuerza de los sectores más radicales de la élite de poder cruceña.
“Aquella autoridad departamental, municipal, regional, senadores, diputados, asambleístas y concejales de Santa Cruz que no estén de acuerdo en la elaboración y apoyo de este proyecto de ley se lo va a declarar persona no grata, desconociéndola y censurándola ante la comunidad universitaria y ante el pueblo cruceño y boliviano”, dijo Vargas.
Sin la presencia del rector, Vicente Cuéllar, la autoridad académica leyó la amenazadora resolución del denominado comité de movilizaciones.
Esa estructura fue denunciada en el contexto del paro por los propios universitarios por exigir entre 100 y 200 bolivianos (hasta cerca de 30 dólares) al personal administrativo, docente y el estudiantado para financiar los bloqueos que en 25 días ya causaron cuatro muertes y cientos de heridos.
Uno de los puntos expuestos por Vargas insiste en que se debe apoyar un proyecto de ley que presentarán legisladores cruceños opositores para que el censo sea en octubre de 2023 y que los resultados se den en el primer trimestre de 2024 para la redistribución de recursos económicos.
Este fue el lineamiento que trazó el gobernador, Luis Fernando Camacho, pese a que el cabildo realizado el domingo último aprobó “exigir una ley para el decreto que fijó el censo con vista al 23 de marzo de 2024”.
Vargas también convocó a una “marcha de marchas” universitaria para el próximo viernes, donde según informó el partidario de los sectores más extremistas cruceños, “comunicaremos con nombre y apellido a aquellos que están traicionando a Santa Cruz y la universidad”.
Esta expresión recordó la amenaza pública que Camacho formuló en relación con el ejercicio censal a finales de octubre.
Censo 2024 “no lo podemos permitir, porque nosotros tenemos que tener un mandato claro y en ese sentido doctor (Cuéllar) -como lo hemos venido diciendo- vamos a hacer siempre lo que la institucionalidad quiera aquí, el que se venda tiene muerte civil, y lo sabemos, no puede haber ningún vendido”, advirtió entonces al rector.
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