La Organización Nacional lndígena de Colombia (ONIC) hizo un llamado urgente a la comunidad internacional, a los hermanos del Abya Yala (América) y a los demócratas del mundo a continuar expresando públicamente y a través de los canales diplomáticos respectivos su preocupación por los atropellos.
Asimismo, instó a que intercedan ante el gobierno colombiano para que cese el tratamiento de guerra dado a la protesta social, así como reforzar las misiones de verificación responsables de informar sobre la vulnerabilidad y afectaciones a los derechos humanos de los colombianos.
En la misma línea se pronunció el colectivo de pueblos ancestrales al denunciar la violencia en el país desatada por el accionar desproporcionado de la Policía Nacional y en particular por el Esmad (Escuadrones Antidisturbios).
‘Hemos sufrido desde hace más de 60 años los rigores de la guerra, además de las afectaciones que, en todos los sentidos deja la pandemia ahora, vemos con dolor como todo el país se convierte en víctima, porque lo que está amenazada es la democracia’, enfatizó.
Advirtió el colectivo que los pueblos y naciones indígenas, uno de los actores más decididos en la construcción inequívoca de una sociedad en paz, incluyente, democrática y con justicia social, tienen la autoridad moral para exigir la desmilitarización de las ciudades.
Ese es un requisito indeclinable para que se abra un verdadero diálogo social, que debe convocar a todas las organizaciones y sectores que han participado en el paro nacional iniciado el pasado 28 de abril, recalcó.
Por otra parte, Duque tuvo este viernes una reunión con la llamada Coalición de La Esperanza, en medio de críticas y la cautela por la limitada presencia de protagonistas y promotores del paro nacional.
Según el mandatario, a quien la población responsabiliza por la violencia desatada contra las multitudinarias movilizaciones, la cita fue ‘productiva y ‘una gran oportunidad de diálogo, por encima de diferencias y sin cálculos políticos’.
‘Buscamos soluciones y consensos por el bienestar de los colombianos, y garantizar la atención de los más vulnerables’, escribió en su perfil de Twitter.
Al respecto, el expresidente colombiano Ernesto Samper (1994-1998) instó a Duque a escuchar la calle.
‘El diálogo hasta ahora ha producido más respaldos al Gobierno que salidas a la crisis. Es tiempo de invitar a Palacio a los promotores de la protesta, a los jóvenes que la lideran, a los partidos de oposición y a los movimientos sociales’, precisó Samper.
El senador por Alianza Verde Antonio Sanguino, quien integra la Coalición de la Esperanza, explicó que en la cita pidieron al Gobierno establecer una comisión de derechos humanos que investigue el abuso policial.
Como segundo punto demandaron e insistieron en abrir un escenario de negociación con el Comité Nacional de Paro, agregó Sanguino.
En tercer lugar, diseñar un plan de emergencia social que debe incluir renta básica para seis millones 200 mil familias y matrícula cero para todos los estudiantes de las universidades públicas del país, detalló.
En las demandas también se incluyó un programa de apoyo al empleo formal para los pequeños negocios y las microempresas para salvar ese tejido empresarial, añadió.
Pese al optimismo del jefe de Estado colombiano con el diálogo, este último fue criticado porque no participaron los representantes de los sectores movilizados desde el 28 de abril pasado, ni la oposición.
Para el próximo lunes se prevé que asista a las conversaciones el Comité Nacional de Paro, que impulsa las protestas.
Desde el 28 de abril pasado, cerca de 40 personas fueron asesinadas en el contexto de las movilizaciones por el exceso policial, de acuerdo con estadísticas recabadas por organismos independientes y humanitarios y organizaciones no gubernamentales.
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