En un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores y Culto, las autoridades consideraron que la situación empaña la imagen de Santo Domingo en todo el mundo, además de poner en peligro el espíritu de paz y armonía que debe guiar la relación entre los dos países.
Aunque Haití reconoció el derecho soberano de República Dominicana de regular los flujos migratorios dentro de su territorio, pidió que sus nacionales sean tratados con respeto a la dignidad humana.
Asimismo, se comprometió a respetar el protocolo firmado en 1999 sobre los procedimientos de repatriación y expresó su disposición de trabajar para fortalecer las relaciones armoniosas basadas en el respeto a los principios del derecho internacional.
Las expulsiones masivas de haitianos desde Dominicana se intensificaron en las últimas semanas, fenómeno calificado por organizaciones de derechos humanos, así como personalidades, como una caza colectiva discriminatoria.
El excanciller haitiano Claude Joseph denunció lo que considera una política racista y xenófoba contra los haitianos, muchos de los cuales fueron repatriados forzosamente sin poder recuperar sus bienes o salarios, deploró.
Por su parte, el Grupo de Apoyo a Refugiados y Repatriados, alertó que 60 mil niños de hasta 12 años fueron retornados por el punto fronterizo de Malpasse, algunos de ellos sin compañía de adultos.
La organización criticó que la separación de los menores de sus padres constituye una grave violación del Protocolo sobre Actividades de Repatriación firmado entre Haití y la República Dominicana y señaló que tendrán un fuerte impacto en el bienestar físico y mental de los menores.
En los últimos tres meses más de 50 mil haitianos fueron devueltos del vecino país, de acuerdo con datos de la Oficina Nacional de Migración, mientras que el GARR apunta que solo en octubre regresaron 14 mil 800.
Las deportaciones continúan pese a que el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, pidió detener las devoluciones forzosas en medio de la grave crisis humanitaria y de seguridad que enfrenta el país caribeño.
jcm/ane