La determinación surge después que la víspera el Tribunal Supremo de Estados Unidos no tomara acción sobre un recurso para impedir que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), impuesta por Washington a Puerto Rico para controlar las finanzas públicas, despojara a los educadores de su derecho a pensiones fijas.
El foro judicial estadounidense desestimó el recurso presentado por el Frente Amplio en Defensa de la Educación Pública (Fadep), integrado por Educamos, la Federación de Maestros de Puerto Rico (FMPR) y la Unión Nacional de Educadores y Trabajadores de la Educación (Unete), para la revisión de los cambios al plan de pensiones de los maestros de Puerto Rico.
“El Tribunal Supremo federal ha permitido a la junta de control fiscal legislar sobre Puerto Rico, sin que tuviera facultad para ello”, estableció la organización Educamos.
El gremio aclaró que, contrario a la Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR), que a través de la American Federation of Teachers (AFT) traicionó al magisterio al rendir sus derechos, “hemos llevado el caso a todos los foros disponibles”.
Tal como planteara el abogado Rolando Emmanuelli, experto en la Ley Promesa —que concluía derechos a los trabajadores puertorriqueños—, con la postura asumida por el Tribunal Supremo federal se desplazaron las leyes de retiro, lo que da un poder incorrecto a la JSF para legislar, señaló Educamos.
“No debe extrañarnos que la Junta, con sus estilos dictatoriales, acogiera las propuestas de la AMPR, ya que son los mismos que antes aceptaron aumentar de 2,0 a 9,5 por ciento el pago por el tiempo no cotizado, eliminando en la práctica ese derecho”, dijo Educamos.
Apuntó que también son los mismos que han renegado de las luchas en los años 2013 y 2014, cuando se logró mantener la Ley 91 para el magisterio activo entonces.
Educamos ratificó que “la lucha contra la JSF y la AMPR para que se nos devuelvan nuestros derechos, continúa, y si los foros legales decidieron favorecer a los grandes empresarios y dueños de los fondos buitre, despojando al pueblo de los servicios y derechos básicos, no nos dejan otra salida que la lucha militante, ya que la opción no puede ser quedarnos callados”.
“Continuar trabajando dentro de las actuales condiciones, durante más de 40 años, para al final de nuestras vidas terminar en la más absoluta pobreza no puede ser aceptado por nadie”, afirmó el gremio confiado en la capacidad de lucha del magisterio y del pueblo puertorriqueño, que en su momento harán valer la justicia para el magisterio activo y retirado.
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