En un comunicado, el Frente Nacional en Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (Frenadeso) señaló desde su experiencia en comisiones anteriores sobre reformas electorales que los problemas de antaño no se resuelven.
Entre otras anomalías que inciden en la falta de credibilidad en el actual Tribunal Electoral (TE), el colectivo menciona la desigual distribución del oneroso financiamiento público y el uso de recursos del Estado en favor de candidaturas oficialistas.
También mencionan las encuestas amañadas, el cerco mediático y favoritismo de los medios informativos a candidatos de la preferencia de sus propietarios y las campañas contra organizaciones políticas como el Frente Amplio por la Democracia (FAD).
No menos repudiable, estimaron, es la presencia de magistrados en el TE provenientes de partidos políticos, los cuales responden a sus intereses.
En ese sentido, ponen como ejemplo la designación reciente de Luis Guerra como nuevo magistrado del TE, pero vinculado al gobernante Partido Revolucionario Democrático y la decisión de la Corte Suprema que se prestó para el trueque, cuando el Gobierno designó al frente esa institución a la nueva magistrada titular, María Eugenia López.
Las denuncias interpuestas por varios candidatos por libre postulación a cargos de elección popular, entre ellos la presidenciable Maribel Gordón, a nombre de las fuerzas progresistas, sobre manipulación de un aplicación en celulares para firmas de apoyo y la falta de una investigación profunda, son otros síntomas que Frenadeso aprecia como antesala del fraude en 2024.
Además, señalan que hace más de tres años en la Fiscalía Electoral reposan las denuncias y evidencias contundentes presentadas por el FAD sobre delitos cometidos en la consulta de 2019, sin tener una respuesta.
La partidocracia y el poder económico han obstaculizado siempre la participación de una corriente política que desafíe su poder, como sucede ahora con Gordón, añade ese texto.
Para Frenadeso los acuciantes problemas que enfrenta el país centroamericano no se resuelven solo en las urnas, y aboga por una Asamblea Constituyente Originaria con plenos poderes que funde una nueva República.
De acuerdo con pronósticos preliminares del TE, unos 3,2 millones de panameños podrían ser inscritos para participar en los comicios de 2024.
Según estadísticas oficiales, para las elecciones de 2019 habilitaron para votar a dos millones 757 mil 823 panameños.
El 5 de mayo de 2024 en el istmo decidirán en las urnas al nuevo presidente y vicepresidente del país, 20 diputados al Parlamento Centroamericano, 71 diputados a la Asamblea Nacional, 81 alcaldes, 701 representantes de corregimiento y 11 alcaldes, todos con sus respectivos suplentes, para el período del 1 de julio de 2024 al 30 de junio de 2029.
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