El 1 de septiembre, un hombre identificado como Fernando Sabag apuntó con una pistola a la cabeza de la ex jefa de Estado en las proximidades de su domicilio en el capitalino barrio de Recoleta, pero el arma no se disparó.
Días después fueron arrestados su novia, Brenda Uliarte, y otro sospechoso (Gabriel Carrizo).
En declaraciones a la emisora radial AM 530, Ubeira señaló que las pruebas analizadas hasta el momento apuntan hacia el partido Propuesta Republicana (PRO) y denunció la falta de voluntad de la jueza María Eugenia Capuchetti de avanzar en las indagaciones sobre el caso.
Está claro que no fue un grupo de loquitos sueltos o muchachos perdidos en la vida. Creemos que responden a determinados tipos de intereses y es necesario llegar a la verdad. Esto apunta hacia las terminales de la extrema derecha del PRO, aseveró.
Si hubiera voluntad por parte de la jueza estaríamos intentando determinar si hubo un esquema de financiamiento en esta causa, pero la división del proceso en dos no tiene ni pies ni cabeza, añadió.
De esa manera, el abogado se refirió a la decisión de Capuchetti de no hacerse cargo de las averiguaciones sobre los lazos de los detenidos con la organización extremista Revolución Federal, cuyo papel y recursos son analizados por el juez Marcelo Martínez.
La víspera, Ubeira y su colega Marcos Aldazabal, también representante de Fernández, pidieron ampliar las indagatorias de los detenidos, procesarlos como miembros de una asociación ilícita y considerar a Carrizo como coautor del delito de tentativa de homicidio agravado.
Dicha decisión fue tomada luego de acceder a informes de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal que revelaron mensajes enviados por Carrizo a varios contactos después del atentado con frases como: “Recién intentamos matar a Cristina. Mi empleado le quiso disparar. Va a ir preso. El arma es mía”.
Para que el Gobierno sepa con quienes se están metiendo. Recuerda esta fecha. Con esto generamos miedo. Estamos pensando matar al jefe de La Cámpora (Máximo Kirchner) y a Cristina para obligar al señor presidente (Alberto Fernández) a renunciar, señala ese individuo en otros textos.
Los abogados afirmaron que la profundización de las indagaciones al respecto y la citación de los contactos del sospechoso resultan imprescindibles y criticaron a Capuchetti por no tomar medidas, pese a contar desde hace un mes con esa información.
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