Por Mario Hubert Garrido
Corresponsal jefe en Panamá
Pese a cifras macroeconómicas favorables, con auge de hasta un 15 por ciento anual, la nación canalera se aferró al transitismo y los altos ingresos externos, asociados sobre todo a la vía interoceánica, los puertos, las zonas francas y la minería.
Un primer semestre tenso y complejo, según autoridades, empresarios y comerciantes, respondió en buena parte a restricciones que venían desde 2020 debido a la Covid-19, pero todavía aún la paulatina reanimación no llega a las mayorías, según denuncias de organizaciones populares.
De acuerdo con el “Informe Anual de la Pobreza y Pobreza Extrema en Panamá”, emitido por la Iniciativa Panamá Sin Pobreza y actualizado en noviembre último, después de la pandemia, ese flagelo se estima en un 25 por ciento, lo cual afecta a 1,1 millones de ciudadanos en una población de poco más de 4,2 millones de personas.
Hoy la población más pudiente, que representa el 10 por ciento del total, obtiene el 37,3 por ciento del ingreso nacional, casi 13 veces más que el 40 por ciento más pobre, según ese estudio.
También señala que, como en casi todo el mundo, las estadísticas afectan más a los afrodescendientes, mujeres y campesinos, y enfatiza en que en las comarcas originarias el 90 por ciento de sus habitantes vive en la pobreza.
Mientras, otros informes como los de Instituto Nacional de Estadística y Censo subrayan entre los factores que agravan la situación, la tasa de desempleo del 9,9 por ciento y la informalidad en el orden del 48,21 por ciento, también consecuencia de la crisis ocasionada por la pandemia.
¿A DÓNDE VA EL PIB?
Sin embargo, en octubre pasado, la Contraloría General de la República pronosticó para el año que cierra un auge del 7,5 del Producto Interno Bruto (PIB).
Según el ente, que cita estudios del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), el desempeño de la economía local tuvo de enero a junio de este año un incremento de 11,8 por ciento en relación con igual etapa de 2021.
La institución observó que este año la actividad económica del país avanzó, pese a la situación coyuntural de julio último con cierres viales y movilizaciones populares contra el alto costo de la vida.
Datos oficiales respaldan que ese auge del PIB ubica al istmo en el lugar de una economía de crecimiento en alusión a la etapa antes de la Covid-19, identificada aquí en marzo de 2020 y que derivó una caída de 17,8 por ciento del indicador.
Otras estimaciones como la realizada por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) indican que Panamá concluiría el año en curso con un crecimiento del 7,0 por ciento, superior a la mayoría de los países de la región, aunque el cálculo es 0,5 menos que el del INEC.
Sin embargo, activistas sociales, entre ellos la precandidata presidencial por libre postulación a nombre de las fuerzas progresistas Maribel Gordón, cuestionan políticas neoliberales que profundizan la inequidad en la distribución de las riquezas y bienes públicos.
Gordón dijo a Prensa Latina que en un país rico en recursos hídricos, casi el 11 por ciento de una población de 4,2 millones de habitantes no tiene acceso al agua potable y solo en la ciudad capital, más de 300 mil personas no cuentan con el vital líquido todos los días de la semana.
EXPORTACIONES PENDIENTES DEL COBRE
Las máximas autoridades de Panamá, en particular el presidente Laurentino Cortizo, admitieron este año en sus comparecencias públicas la incidencia del cobre en los altos índices de exportación de productos, pese a conflictos en su contrato con empresas como Minera Panamá, filial de la canadiense First Quantum Mineral S.A.
Hasta agosto último, por ejemplo, las ventas llegaron a dos mil 467 millones de dólares, un 9,0 por ciento superior a igual etapa de 2021, señaló la Contraloría.
Un informe de la entidad precisa que el 76,5 por ciento de esas ventas recae en la producción de cobre y los principales compradores del concentrado del metal que se extrae en la mina Donoso, de la provincia Colón, son Estados Unidos, Japón y Corea del Sur, en ese orden.
El resto de los productos con sello nacional que se comercializan en el extranjero mantiene la tendencia positiva que inició en 2020 en plena Covid-19, debido a problemas logísticos que llevaron a los países a buscar proveedores más cercanos, de acuerdo con los datos gubernamentales.
Sin embargo, ante la crisis global, el Gobierno se vio obligado a adoptar medidas temporales de beneficio a la población, entre ellas el subsidio a las ventas de combustible con erogaciones de hasta casi 300 millones de dólares este año.
Al respecto, colectivos populares en todo el país -importador neto de carburantes- criticaron que los recursos para el subsidio salen de los mismos impuestos a los panameños y exigen que se apliquen márgenes de ganancias a las grandes empresas oligopólicas que controlan la distribución del combustible, pero también los alimentos y las medicinas.
ARRASTRE DE LA DEUDA PÚBLICA
Para muchos investigadores, el resultado de la actual situación conlleva a que la deuda pública en Panamá pueda superar los 43 mil 83 millones de dólares, nivel sin precedentes, según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) que apunta a un indicador en riesgo de seguir creciendo.
En el servicio de la deuda destacan 32,7 millones de dólares destinados a pagos de capital de préstamos con organismos multilaterales y bilaterales, y 104,7 millones de dólares en concepto de pagos de intereses de la deuda externa, que corresponden principalmente a bonos globales.
El MEF salió en enero a los mercados y captó una porción importante de las necesidades de financiamiento para todo el año.
En ese sentido, varios investigadores alertan que lo que resta de ejercicio, las amortizaciones de deuda que se hagan causarán un efecto a la baja en el saldo, mientras las eventuales nuevas emisiones o préstamos que se contraten, lo harían al alza.
El expresidente del Colegio de Economistas Olmedo Estrada alertó que el incremento de la deuda se debe a los déficits fiscales, es decir, el desbalance entre ingresos y gastos, especialmente pronunciado en 2020, el primer año de la dolencia.
En este 2022, según el Ejecutivo, se prevé reducir el déficit -el límite legal es de 4,0 por ciento sobre el Producto Interno Bruto- a partir de una mayor recaudación de ingresos en medio de una paulatina recuperación de la economía.
Además, se proyecta generar ahorro corriente, lo cual quiere decir que los ingresos cubrirán los gastos operativos y quedará parte para costear inversiones.
Aunque se aprecia un aumento en la inversión, el peso del gasto operativo sigue siendo mayor, a lo que Estrada señaló debe haber una contención en plantillas y la burocracia, gastos que calificó como “improductivos”.
LISTAS GRISES, LA DESCONFIANZA
Para acrecentar la desconfianza de inversionistas llegó con bastante retraso el resultado de un análisis del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que mantiene a Panamás en sus listas grises.
En ese sentido, autoridades locales aceleraron acciones para salir de esa categoría, entre ellas el registro único de beneficiarios finales.
De acuerdo con la Superintendente de Sujetos No Financieros, Dayra Carrizo, hasta el pasado 11 de octubre había información de 38 mil 468 personas jurídicas de las cerca de 291 mil activas a la misma fecha.
Explicó la funcionaria a Prensa Latina que la fase de carga de información es un proceso que se efectúa por invitación del regulador.
Carrizo calculó que, para el final del primer cuatrimestre del próximo año, si no hay contratiempos técnicos, la mayoría de las personas jurídicas activas deberían tener la información cargada en el sistema.
Panamá tiene aún cuatro acciones pendientes por cumplir de un total de 15 plasmadas en el plan pactado en 2019, cuando el país ingresó en las listas.
En las últimas evaluaciones se reduce el número de programas pendientes, pero el GAFI no rebaja el tono de urgencia sobre la necesidad de completar el plan de acción frente al blanqueo de capitales y el decisivo enfrentamiento al terrorismo y sus fuentes financieras en el país y la región.
A dos años de las elecciones generales (5 de mayo de 2024), varios analistas vaticinan que de no resolverse los problemas cardinales de la economía doméstica, con beneficios sobre todo para sectores vulnerables, la población pasará factura con el voto a los representantes de organizaciones tradicionales, entre ellos el gobernante Partido Revolucionario Democrático (PRD).
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