El presidente Gustavo Petro, por medio de su cuenta en Twitter, señaló que ahora falta el debate en las plenarias para que sea una realidad.
«La dignidad debe ser un derecho, no un privilegio», manifestó el jefe de Estado quien desde su campaña electoral impulsa la creación de esta instancia para lograr las transformaciones en esta nación, una de las más desiguales del mundo.
La vicepresidenta colombiana, Francia Mérquez, aseguró por su parte, que ese es un paso fundamental para dignificar la vida en Colombia.
La dignidad se hará costumbre cuando la igualdad y la equidad se garanticen con eficacia y eficiencia, enfatizó la vicemadataria.
El pasado 18 de octubre, el presidente y la vicepresidenta, junto al ministro del Interior, Alfonso Prada, radicaron en el congreso el proyecto de ley para la creación del Ministerio.
Márquez aseguró ese día que, si bien la Constitución de 1991 reconoció en el artículo 13 el derecho a la igualdad, Colombia es de las naciones «más desiguales e inequitativas que habitan este planeta».
Recalcó que el gobierno del cambio «busca garantizar derechos a quienes nunca lo han tenido, a quienes han estado en territorios olvidados y excluidos».
«La igualdad, como un valor esencial, es lo que nos va a permitir avanzar en ese camino hacia la Paz Total», subrayó la vicepresidenta.
El Ministerio de Igualdad y Equidad se plantea como un organismo principal del sector central del Ejecutivo , rector del Sector de Igualdad y Equidad y de los órganos de asesoría, coordinación y articulación señalados legal o reglamentariamente.
Tiene como objeto, en el marco de los mandatos constitucionales, de la ley y de sus competencias, formular, adoptar, dirigir, coordinar y ejecutar las políticas, planes, programas, proyectos y medidas para promover la eliminación de las desigualdades económicas, políticas y sociales.
Además, impulsar el goce del derecho a la igualdad; el cumplimiento de los principios de no discriminación y no regresividad; y la defensa de los sujetos de especial protección constitucional y de grupos discriminados o marginados.
La nueva cartera tendrá la tarea de proteger, desde la perspectiva de los enfoques diferencial e interseccional, a las poblaciones más vulnerables: mujeres en todas sus diversidades, población LGBTIQ+, pueblos afrodescendientes, indígenas y Rrom, y campesinos.
También a los niños, adolescentes, jóvenes, adultos mayores, miembros de hogares en situación de pobreza y pobreza extrema; víctimas de todas las violencias y la inequidad, personas en situación de discapacidad, habitantes de la calle y migrantes.
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