La organización apeló a la solidaridad de la comunidad internacional para forzar al Gobierno de Luis Abinader a dar marcha atrás a las deportaciones que sumaron 60 mil 204 solo en el mes de octubre “en condiciones extremadamente degradantes”, según datos de la Oficina de Protección del Ciudadano.
Asimismo, criticaron la actitud pasiva de las autoridades nacionales ante las expulsiones masivas que califican de “caza de brujas” y llamaron a respetar los derechos de los migrantes.
Una de las principales críticas de las deportaciones constituye la expulsión de menores no acompañados, que, de acuerdo con el Grupo de Refugiados y Repatriados, alcanzaron los 800 de mayo a septiembre último, en detrimento de la seguridad y los derechos básicos de la infancia.
Muchos de estos menores, denunciaron los detractores, nacieron en el vecino país y nunca visitaron Haití, por lo cual su futuro es incierto.
La Cancillería de Puerto Príncipe condenó en un comunicado los tratos “vergonzosos e inhumanos” a los indocumentados y advirtió que atentan contra el espíritu de paz y concordia que debe guiar las relaciones binacionales.
Sin embargo, Santo Domingo refutó que las deportaciones se llevan a cabo “en total y absoluto respeto de la dignidad de las personas y sus derechos humanos”.
Las expulsiones se incrementaron en los últimos meses, mientras Haití sufre una aguda crisis de violencia a mano de las pandillas que cobró cerca de un millar de vidas en lo que va de año, informaron organizaciones religiosas y de derechos humanos.
El crónico desabastecimiento de combustibles agudizó la situación económica y actualmente 4,7 millones de haitianos precisan asistencia alimentaria y por primera vez cerca de 20 mil de ellos se encuentran en fase de hambruna, denunció el Programa Mundial de Alimentos.
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