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Caso Astesiano apunta a crisis institucional, afirman en Uruguay

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Montevideo, 3 dic (Prensa Latina) El caso del encarcelado exjefe de custodia presidencial Alejandro Astesiano devela hoy nuevos episodios y apunta a una crisis institucional, advirtieron aquí analistas.

Astesiano fue detenido en septiembre último por delitos relacionados con la falsificación de documentos y venta de pasaportes, pero la pesquisa «está lejos de terminar», afirma hoy el rotativo La Diaria en su edición digital.

Ese medio entrevistó al politólogo Jaime Yaffé, cuando la fiscal a cargo del caso, Gabriela Fossati, abrió una nueva causa por espionaje político en el que presuntamente incurrió Astesiano contra dos senadores del opositor Frente Amplio.

“En cuanto a la magnitud de lo que está sucediendo, considero que es un hecho muy grave que no tiene antecedentes en la historia política del Uruguay”, evaluó el académico.

Opinó que el gobierno trata de minimizar el entuerto y exonerar del escándalo al presidente Luis Lacalle Pou, quien «con esta estrategia no se ha hecho cargo personalmente de su responsabilidad».

Yaffé considera que el mandatario tendría que responder por designar a Astesiano para esa alta responsabilidad pese a haber sido advertido sobre sus antecedentes delictivos.

El analista critica al mandatario por no remover al que considera responsable político de la seguridad presidencial, el prosecretario de Presidencia”, Rodrigo Ferrés.

“Ese es el fusible que en este caso el presidente podría haber activado para dar una señal pública de que no sólo reconoce la responsabilidad que le cabe a Presidencia sino que también toma una medida concreta como consecuencia de esa asunción de responsabilidad», argumentó.

Acotó que en el asunto hubo omisión de mecanismos de control y verificación sobre lo que estuvo haciendo por años el hasta septiembre jefe de la seguridad personal del mandatario.

Para otra analista, Victoria Gadea, se trata de una situación de «escándalo» que apunta a una crisis institucional.

Avizoró que el asunto tendrá un costo para el gobierno e incidirá en las elecciones presidenciales pactadas para octubre de 2024.

Por ahora las agrupaciones políticas que hacen vida en la coalición gubernamental con el Partido Nacional, que postuló a Lacalle Pou, mantienen prudencia sobre el escándalo.

rgh/ool

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