“Sin lugar a dudas, lo que no podemos permitir es que se normalice lo que ha sucedido en nuestro departamento, que se lo intente maquillar, que se intente hacer como toda una narrativa romántica respecto al tema de la violencia y relacionada a lo que es la cruceñidad”, censuró ante la prensa.
Criticó que “lamentablemente”, eso es lo que se hace al esconder o no querer hablar, o se sataniza a quien plantea estos temas cuando se hace referencia al lado oscuro del llamado paro cívico.
En referencia al gobernador departamental, Luis Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno, Vicente Cuéllar, y la Unión Juvenil Cruceñista, indicó que quienes consumaron la prolongada medida de fuerza incurrieron en una violación masiva de los derechos humanos.
Mencionó entre esos derechos mancillados el de la vida, el acceso al trabajo, la alimentación, la educación, la salud y la libertad de circulación.
Prada llamó a reflexionar sobre el ejemplo que se da a la niñez y la juventud cuando se trata de naturalizar el vandalismo, la violencia y todas esas vulneraciones de los derechos.
Expresó preocupación por las secuelas que puedan quedar, con la consiguiente ruptura del tejido social con actitudes que después son difícilmente reparables.
Calificó de “desastrosos” los resultados para la vida urbana y rural, con cientos de denuncias de violación y agresión de derechos en las calles, rotondas, carreteras y avenidas controladas por grupos de extrema violencia.
Mencionó que las víctimas fueron ciudadanos que no estaban de acuerdo con la protesta relacionada con un tema estrictamente técnico y nada político como es el Censo de Población y Vivienda, finalmente programado para 2024.
“Nosotros, como a las tres semanas de este llamado paro cívico, que era un bloqueo forzoso de calles y de carreteras, hacíamos conocer las denuncias que sumaban cientos (…), que en el caso de las mujeres ha sido altísima”.
Recordó que la Casa de la Mujer registró muchas de estas denuncias y que por tal motivo fue agredida e incluso hubo intentos de cerrarla, como aclaró en varias entrevistas su directora.
Prada enfatizó en que la violencia hacia la mujer, sobre todo de jóvenes en Santa Cruz, no puede quedar en la impunidad ni sin justicia para las víctimas.
Como saldo de los 36 días de paro, además de los más de mil millones de dólares en pérdidas económicas se reportaron cuatro muertes, cientos de heridos, una denuncia de violación grupal contra una mujer, el saqueo de la Confederación Obrera Departamental y el incendio de la sede de la Central de Trabajadores Campesinos.
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