La empresa estatal denuncia que el magistrado admitió a trámite un amparo promovido por empresas distribuidoras de combustibles al considerar que la nueva legislación otorga a Pemex una ventaja desleal, lo cual ésta rechaza.
Tal decisión del juez no solo beneficia a las distribuidoras que interpusieron la demanda de suspensión, sino a los demás 54 amparos presentados hasta ahora en contra de la nueva legislación, sostuvo por su parte Beatriz Marcelino, directora de Grupo Ciita, empresa especializada en el sector energético.
El juicio fue solicitado por diversas compañías, entre estas el Grupo Base Energéticos, Pharaoh International Products, Antluc, Distribuidora de Combustibles Mil y la particular Dalia Pilar Lamarque Picos en contra de la legislación promulgada el 4 de mayo.
Según el Gobierno, en el fondo de lo que se trata es de impedir que el control del mercado de combustible regrese al Estado mexicano, ahora dominado por el sector privado.
Gómez Fierro, a quien el Gobierno critica y pidió a la Fiscalía una investigación de la legalidad de su actuación, justificó su decisión bajo el argumento de que el precepto oficial otorga ventaja competitiva a ciertos participantes del sector, lo cual vulnera el derecho fundamental a la libre competencia.
Admite abiertamente que ese tipo de ventajas podría abonar a que Pemex retome el papel monopólico que tenía hasta antes de la reforma energética (de Enrique Peña Nieto para privatizar el sector), lo que sin duda implicaría un retroceso para el desarrollo de todo el ramo.
El magistrado, quien adversa al Gobierno, también otorgó suspensiones contra la Ley de la Industria Eléctrica en favor de la empresa española Iberdrola y otras extranjeras, y el Patrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil, también en apoyo de grandes transnacionales.
Beatriz Marcelino reveló, además, que la Comisión Reguladora de Energía tiene ya previsto cancelar 125 permisos según un proyecto de acuerdo para redistribuirlos.
Gómez Fierro, quien con su decisión se coloca por encima de las dos cámaras del congreso que aprobaron la ley, requirió a la titular de la Secretaría de Energía, Rocío Nahle, para que en tres días publique en el Diario Oficial el aviso de que la Ley de Hidrocarburos quede temporalmente sin efectos.
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