Mientras organizaciones sociales rechazaban la persecución en su contra, el Tribunal Oral Federal 2 condenó a la también titular del Senado a seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por supuestas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003-2015, hechos que Fernández rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.
Como dije en 2019, la condena estaba escrita, aseveró la exjefa de Estado y recordó que el juez Julián Ercolini, quien instruyó el proceso, se declaró incompetente años atrás y remitió el caso a ese territorio, donde fue sobreseído.
El Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) resucitó la causa como por arte de magia y Ercolini la trajo de vuelta. Me procesan por administración fraudulenta, pero, de acuerdo con la Constitución, el Presidente no es responsable de la administración y ejecución del presupuesto, lo cual está a cargo del jefe de Gabinete, explicó Fernández.
A lo largo del juicio probamos que no sancioné leyes ni manejé nada. Eso es responsabilidad del Congreso. Demostramos que ninguna de las mentiras que dijeron los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola en su alegato histriónico eran ciertas, a punto tal que cuando les tocó replicar los hechos, documentos, pericias y testimonios, no pudieron, añadió.
Fernández aseveró que esta no es una condena por la Carta Magna, las leyes administrativas o el Código Penal, sino que tiene su origen en un sistema paraestatal, donde se decide sobre la vida, el patrimonio y la libertad de los argentinos, y que está por afuera de los resultados electorales.
Ingenuamente hablé de lawfare, pero esto no es persecución judicial, es un Estado paralelo y una mafia, aseveró.
Además, denunció los vínculos de jueces y fiscales con Macri y la participación de Ercolini y otros funcionarios en un viaje privado pagado por el Grupo Clarín.
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