En su informe de este año, el CEDR criticó las deficiencias de Manama en cuestiones clave de derechos humanos, en particular con temas relacionados con la trata de personas, los trabajadores migrantes y las leyes de nacionalidad de sus comunidades chiíes.
El órgano de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reconoció la difícil situación de la población local de Baharna y Ayam (en árabe significa el pueblo de origen iraní), a causa de la discriminación estructural en la ley contra estos residentes.
Llamó a las autoridades del país a estudiar “urgentemente” el asunto y permitirles a los chiíes disfrutar de sus derechos, de acuerdo con los requisitos de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, de 1969.
Bahréin se adhirió al CERD en marzo de 1990 y desde entonces, el comité realizó cinco revisiones al reino ribereño del golfo Pérsico.
Sin embargo, en cada ocasión el organismo demuestra que todavía tiene un largo camino por recorrer antes de poder implementar la Convención y cumplir con las obligaciones asumidas.
“El último informe del CERD se suma a la lista de recomendaciones incumplidas del país; y nos preguntamos cuánto tiempo le tomará a las autoridades bahreinis reconocer realmente sus crisis de derechos humanos y trabajar para abordarlas”, cuestionó Husein Abdulá, director ejecutivo de la organización no gubernamental Americanos por la Democracia y los Derechos Humanos en Bahrein.
El reino del monarca Al Jalifa recibió duras críticas por las protestas a favor de la democracia que comenzaron en 2011, en donde murieron cientos de personas y se disolvió al principal partido opositor chií del país, Al-Wefaq.
Bahrein rechaza constantemente las críticas de las Naciones Unidas y otros organismos de derechos humanos sobre la forma en que lleva a cabo los juicios y las condiciones de detención.
ro/adr
