La víspera, el Tribunal Oral Federal 2 impuso una pena de seis años en prisión y la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos a la también titular del Senado por supuesta administración fraudulenta en perjuicio de la gestión pública.
Dicho veredicto corresponde a la llamada Causa Vialidad por presuntas irregularidades en la adjudicación de 51 obras en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015, hechos que la expresidenta rechazó y desmintió durante tres años de audiencias.
En un comunicado, la organización que reúne a más de 60 líderes de Latinoamérica y España calificó de vergonzosa la agresión contra la exjefa de Estado.
Se trata de un nuevo capítulo de la guerra jurídica (lawfare) desarrollada en la región contra dirigentes progresistas como Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil), Evo Morales (Bolivia) y Rafael Correa (Ecuador), indica el texto.
En este, como en los otros casos, se desconocieron los derechos de Fernández al debido proceso, el buen nombre y la posibilidad de representar a su pueblo en unas elecciones libres, añade.
Además, denuncia que recientemente intentaron asesinarla en las proximidades de su domicilio en esta capital.
Las guerras jurídicas dinamitan los espacios democráticos cediéndolos a turbias conspiraciones de poderes fácticos que ocasionan severos daños a los acusados y debilitan los proyectos políticos inspirados en la libertad, la justicia social y la soberanía de nuestros países, apunta.
El Grupo alerta sobre la existencia de oscuras maniobras llevadas a cabo por jueces, fiscales, funcionarios, empresarios y exagentes de inteligencia, las cuales fueron expuestas por el presidente Alberto Fernández y pudieran considerarse un preludio de lo ocurrido este martes.
Llamamos a los organismos internacionales de derechos humanos a vigilar el desarrollo del proceso en sus nuevas etapas e invitamos a los argentinos y a sus fuerzas progresistas a responder a esos ataques de manera unificada y pacífica, señala el comunicado.
La verdad se impondrá y los pueblos sabrán condenar el vergonzoso uso de la justicia y los medios de comunicación para apartar un liderazgo representativo y combativo como el de Cristina, concluye.
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