La noticia, a pocos meses del referendo impulsado por el Gobierno para modificar la Constitución, levantó recelos entre sectores de la oposición y organizaciones sociales, que culpan a las autoridades por el clima imperante en el país.
En los primeros cuatro meses del año, plataformas de derechos humanos registraron unos 250 secuestros para exigir rescates que pueden llegar al millón de dólares. La mayoría de los casos conocidos son liberados días o semanas después, cuando la familia puede pagar la suma exigida, sin embargo, otros no corren con la misma suerte.
‘Siento mucho dolor cada vez que pienso en mi hija porque la quería mucho, siempre pensé que no volvería a verla porque no tenía dinero para pagar el rescate, estaba segura de que la matarían’, dijo a la prensa Nadesh Jean, una comerciante de frutos secos.
Su hija de cinco años fue secuestrada en enero pasado en el centro de la ciudad, y la vendedora no logró reunir los cuatro mil dólares solicitados por su liberación. Varios días después de su rapto, el cuerpo sin vida de la niña de cinco años fue encontrado con marcas de estrangulación.
A inicios de año, Naciones Unidas reveló que durante el 2020, al menos 234 personas fueron víctimas de secuestros, sin embargo organizaciones locales señalan que la cifra real puede ser cinco veces mayor.
Solo en abril último, el Centro de Análisis e Investigación en Derechos Humanos, reportó 91 de estos casos en la capital y sus alrededores, de ellos el más mediático fue el grupo de siete religiosos, entre ellos dos franceses, y tres laicos que fueron plagiados en Croix des Buquets, un suburbio situado a 10 kilómetros de Puerto Príncipe.
Esta misma plataforma señaló recientemente, que la pausa de los raptos por rescate forma parte de la estrategia del actual presidente Jovenel Moïse, que le permite organizar el plebiscito y los comicios de septiembre próximo.
Por su parte Pierre Espérance, al frente de la Red Nacional en Defensa de los Derechos Humanos, aseguró que las autoridades comenzaron a distribuir dinero entre las pandillas ‘para dar la impresión de que el clima de seguridad en el país es propicio para la celebración de elecciones y referendo’.
El Gobierno negó financiar a las pandillas con vistas a reducir los secuestros, y criticó que esas ‘mentiras’ se utilizan desde hace 15 años para denigrar al otro y posicionarse al mismo tiempo en el espectro político.
No obstante, la pausa en los plagios, que ya es perceptible especialmente en la capital, ocurre cuando la Comisión de Desarme y Reintegración, recibió un fondo de millones de dólares para impulsar el desmantelamiento de las pandillas, advirtió Pierre.
‘No lo hicieron para proteger a la población sino en la perspectiva electoral’, sostuvo el activista profundamente crítico con la actuación gubernamental.
Se estima que existen unas 150 bandas actualmente en el país, las más importantes en Puerto Príncipe, aunque otras operan en comunas cercanas como Croix des Buquets.
Según expertos muchas estuvieron vinculadas a líderes políticos pasados y en activo, que abandonaron a estos grupos armados a su suerte, mientras perdieron el poder, y ahora encontraron en los secuestros un lucrativo negocio.
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