El coordinador de la Unidad -integrada por 21 agrupaciones obreras-, Lenín Hernández, precisó que el recurso de amparo es contra el presidente Rodrigo Chaves y su Consejo de Ministros, y adelantó que está bajo estudio de admisibilidad desde el 13 de diciembre, un día después de que les fuera notificada la separación de cargos a los directivos.
En declaraciones al informativo digital CRHoy.com, Hernández sostuvo que en el recurso de amparo señalan la violación de los artículos 1, 9, 11, 73, 147, 148, 149, 188 y 189 de la Constitución Política, referidos la mayoría de estos a la instalación de la autonomía e independencia administrativa de la institución encargada de los centros de salud públicos.
También, prosigue, determinan la responsabilidad del mandatario de turno y sus ministros en caso de que el Gobierno de la República viole una ley expresa.
Presentado en favor de José Luis Loría, Mariza de los Ángeles Jiménez, Martha Rodríguez, Carlos Salazar y Jorge Arturo Hernández, el documento indica que los tres primeros son los representantes de los trabajadores en la Junta Directiva de la CCSS, el penúltimo representa al Estado y el restante a los patronos.
En la conferencia de prensa semanal posterior al habitual Consejo de Gobierno de los miércoles, el mandatario insistió ayer en la legalidad de la acción dispuesta por su Consejo de Gobierno y aseguró que quienes rechazan la medida «venden humo» y están en contra de las medidas del Ejecutivo para fortalecer la CCSS.
Entre otros señalamientos, los cuales el Gobierno entregará al Ministerio Público con la intención de procesar penalmente a esos cinco directivos aparecen supuestos conflicto de intereses al votar a favor de descongelar y aplicar un aumento salarial retroactivo e incumplimiento de deberes, porque omitieron una valoración actuarial y criterios técnicos.
Para Hernández esa decisión del presidente y su Consejo de Gobierno constituye una intromisión muy peligrosa y un agravio nunca antes visto en la historia de la CCSS y por ello piden a la Sala IV (Constitucional) la anulación de la suspensión.
«Consideramos que es una intromisión muy peligrosa la gestión que se pueda realizar desde la institución y su máximo órgano, que es la Junta Directiva. Esto prácticamente sería que el Ejecutivo está interviniendo la Caja. Eso es lo que está sucediendo, a hoy la Caja está siendo intervenida por el Ejecutivo», afirmó el dirigente sindical.
Vemos muy peligroso, de cara al respeto a la institucionalidad, que esa sea la estrategia política del Ejecutivo, de intervenir instituciones públicas en donde su política no le conteste a sus intereses, ratificó.
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