Esa cantidad representa al 31,15 por ciento de la población, de acuerdo con datos del Ministerio de Salud de Perú que sirvieron de referencia para hacer un llamado al gobierno a atender el problema de ese envenenamiento debido principalmente a la minería, que pone en riesgo la salud de las generaciones actuales y futuras.
El funcionario de la ONU, quien visitó Perú recientemente, precisó que el consumo de esa agua contaminada con metales pesados quiebra los derechos humanos de acceso al preciado líquido y al saneamiento, lo cual tiene sus raíces en acciones y omisiones a lo largo de décadas.
Sus observaciones tras su misión en el país andino confirmaron la gravedad de las afecciones a la salud de la población que infligen las actividades mineras.
“Más allá de la gravedad de daños ambientales, con desecación de lagunas y manantiales, desaparición de especies y mortandad de peces, resultan alarmantes los análisis de sangre promovidos por la municipalidad de Bambamarca, que revelan metales pesados en el 100 por ciento de sus pobladores”, apuntó el experto.
Arrojo-Agudo advirtió que si bien la Constitución de Perú se ajusta a los estándares internacionales de derechos humanos y reconoce la prioridad del agua para consumo humano sobre cualquier otro uso, este precepto se incumple a menudo.
Ejemplificó cómo en la región de Cajamarca, el 70 por ciento de la población bebe agua utilizada previamente por una empresa minera.
Sobre el tema significó que es necesario cambiar los enfoques tradicionales del agua como puro recurso productivo por uno ecosistémico sostenible y basado en los derechos humanos.
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