Hernández precisó que su sindicato entregó este lunes la denuncia a la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción e indicó que acusa a Esquivel de incumpliendo de deberes y falsedad ideológica durante su gestión en la CCSS, iniciada el 19 de septiembre anterior.
«La jerarca ha faltado al deber de probidad y ha incurrido en aparente falsedad ideológica porque de acuerdo con la Ley Constitutiva la función de la funcionaria es velar por el sistema de Seguridad Social de nuestro país que se sustenta en el Seguro de Salud y el de Pensiones», señaló el líder sindical.
Además, sostuvo que la presidenta ejecutiva de la CCSS cambió sus criterios jurídicos emitidos cuando era Magistrada suplente de la Sala Constitucional, en relación con el tema de la autonomía de esa institución, como lo manifestó con su voto favorable en noviembre de 2018 ante una consulta a esa instancia jurídica por parte de los diputados.
Hernández aseveró que curiosamente cuando Esquivel no tenía cargo político y era magistrada, respondiendo a esa necesidad de los ticos de tener seguridad y certeza jurídica, sí se apegó a los principios, valores y criterios constitucionales que le permitieron a la CCSS hasta hace unas semanas no tener ninguna injerencia del Poder Ejecutivo.
Sin embargo, denuncia que desde el primer día en el cargo en la Junta Directiva de la CCSS llega con el objetivo de no aprobar el ajuste salarial para los empleados de la entidad, acordado en julio de 2020, pero sin aplicarse por la pandemia de la Covid-19.
Para el líder sindical, Esquivel se pronunció públicamente contraria “al principio de legalidad”, al señalar que la CCSS no debía pagar ningún tipo de reajuste salarial porque se encontraba contenida en la Ley 9.635 denominada Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Pública, más conocida como Regla Fiscal.
«Someter a la Caja dentro de la Regla Fiscal es muy peligroso. Estamos hablando de una afectación directa a los asegurados, utilizar únicamente el 80 por ciento del presupuesto institucional y afectar el portafolio de inversiones, equipamiento, tecnología y recurso humano», alertó Hernández.
Por su parte, el asesor legal del Sinae, Ricardo Marín, aseguró que la finalidad de la denuncia que interpusieron, por esa contradicción y esa falsedad ideológica de no anteponer un interés, no respetar una resolución constitucional y poner cualquier interés del Poder Ejecutivo ante la autonomía de la CCSS, ya interpretada por la Sala Constitucional.
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