En el documento, entregado a Leonardo Ferreira, director adjunto de la Oficina de la OIT para América Central, Haití, Panamá y República Dominicana, con sede en esta capital, y dirigido a la directora de la Oficina de OIT, Elena Montobbio, esas agrupaciones estiman que hay un atropello contra la institucionalidad pública.
Eso, apuntan, pone en peligro la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y el derecho humano a la seguridad social.
En conferencia de prensa el pasado día 7, el presidente tico, Rodrigo Chaves, anunció la decisión del Consejo de Gobierno de suspender y denunciar penalmente a cinco miembros de la junta directiva de la CCSS, y a su ex presidente ejecutivo Álvaro Ramos, a quien destituyó en septiembre pasado por favorecer el ajuste salarial de los empleados de esa entidad.
Las organizaciones sindicales y sociales destacan en su documento a la OIT la importancia del sistema de seguridad social alcanzado por Costa Rica, en términos de cobertura y desarrollo institucional.
Pero, alertan, en las últimas semanas la CCSS ha venido enfrentando una campaña falaz orientada a posicionar, en la opinión pública, la idea de que la entidad se encuentra en quiebra, algo que consideran infundado científicamente.
Aseguran que tales acciones gubernamentales distorsionan las verdaderas proyecciones actuariales del sistema como los derechos y condiciones laborales de los trabajadores de la CCSS, así como su autonomía.
En otra parte, mencionan la multimillonaria deuda del Estado con esa entidad, que sobrepasa los tres mil millones de millones de colones -unos cinco mil millones de dólares-, sosteniéndose la institución básicamente con los aportes obrero-patronales.
Denuncian que a partir de la destitución de Ramos y la salida del Gerente General hay hechos que violentan la autonomía institucional y que el modelo tripartito de la institución (laboral, patronal y estatal) es irrespetado por Casa Presidencial y por la presidenta ejecutiva impuesta en la Junta Directiva de la CCSS.
Lo anterior, aseveran, impide el diálogo tripartito y democrático, tras la suspensión de cinco de los miembros de la Junta Directiva de la CCSS, en forma arbitraria e ilegal.
En concreto, las agrupaciones ticas piden a la OIT elabore y brinde una opinión técnica respecto a la validez del último estudio actuarial elaborado por la Dirección Actuarial y Planificación Económica a la Junta Directiva de la CCSS en noviembre 2021 tanto en términos metodológicos como de sus resultados y conclusiones.
Adelantan que su solicitud, acogida por la Oficina de OIT, recibirá respuesta en los próximos días.
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