En un editorial del diario La Prensa se señala que según un análisis de la negociación, preparado para el Ejecutivo en julio pasado, se reconoce que tres Estados extranjeros son propietarios de la mayor parte del capital accionario de la explotación de la mina de Cobre en el distrito Donoso, provincia de Colón.
El documento contiene una gráfica titulada “Participación de Estados extranjeros que viola la Constitución”, en la cual se explica que China tiene, a través de la empresa Jiangxi Metals, un 19.9 por ciento del capital de la empresa filial de la canadiense First Quantum Minerals (FQM).
También indica que a través de Pangea, empresa estatal de esa nación asiática pero registrada en Australia, posee otro 19.9 por ciento de las acciones.
De acuerdo con el documento, cualquier adquisición de al menos 20 por ciento de las acciones de FQM chocaría con la legislación canadiense, por la cual China dividió sus adquisiciones para evitar la intervención de los reguladores de ese país.
Por otra parte, la misma gráfica detalla que Singapur mantiene un 15 por ciento de las acciones de FQM a través de la empresa Ellington Investment Pte. Ltd.
Mientras, Corea del Sur, a través de la empresa que es propietaria 100 por ciento de LS Holdings, dueña de KPMC, tiene la titularidad del 10 por ciento del capital accionario de Minera Panamá.
En total, los tres Estados asiáticos tendrían un total de 64.8 por ciento del capital accionario de la explotación minera, según el rotativo que subraya que el artículo 290 de la Constitución de la República, prohíbe que Estados extranjeros tengan dominio alguno del territorio nacional.
La relación entre el Ejecutivo, FQM y su filial Minera Panamá ha dado un giro sin aparente retorno, luego que este sábado el Ministerio de Comercio e Industrias informara que ambas empresas adelantan “gestiones para iniciar dos procesos de arbitraje contra Panamá”.
Uno de los procesos implica un arbitraje comercial contra Panamá bajo el contrato de 1997, declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia, y el otro es un arbitraje de inversión, bajo el Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Panamá (TLC), país de origen de la inversión minera.
El pasado 15 de diciembre el Consejo de Gabinete del istmo ordenó el cierre de operaciones comerciales de la empresa que se niega a firmar un contrato casi un año después de aprobar un acuerdo preliminar en el que se pactó un esquema de pago que garantizaba mayores aportes de la Minera Panamá al Estado.
La mina de Cobre Panamá es la inversión privada más grande del país y aporta un 3,5 por ciento al Producto Interno Bruto y miles de empleos directos e indirectos, según sus estadísticas.
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