«La posesión (1 de enero) del presidente Lula ocurrirá en paz. Todos los procedimientos (de vigilancia) serán reevaluados, buscando el fortalecimiento de la seguridad. Y el combate a los terroristas y alborotadores será intensificado. La democracia ha ganado y vencerá», escribió el futuro ministro de Justicia, Flavio Dino, en redes sociales.
Dino rasgueó ese texto a raíz de la detención de un partidario del derrotado mandatario Jair Bolsonaro que intentaba detonar el sábado un artefacto explosivo en el Distrito Federal (DF).
El empresario George Washington de Oliveira Sousa, de 54 años, fue acusado formalmente de terrorismo tras confesar que construyó el ingenio introducido en un camión cisterna de transporte de combustibles.
La policía desactivó el artilugio antes de que el vehículo llegara al aeropuerto internacional de Brasilia.
En el interrogatorio, el sospechoso reconoció que el atentado fue fraguado con otros bolsonaristas (adeptos del presidente ultraconservador) que permanecen acampados frente al cuartel general del Ejército en Brasilia para pedir un golpe de Estado que impida la asunción de Lula al poder el 1 de enero.
«Decidí elaborar un plan con los manifestantes del Cuartel General del Ejército para provocar la intervención de las Fuerzas Armadas y la declaración del Estado de sitio para impedir la instauración del comunismo en Brasil», apuntó Washington de Oliveira Sousa.
En su residencia, la Policía encontró dos escopetas, dos revólveres, tres pistolas, un fusil, municiones, uniformes de camuflaje y otras emulsiones explosivas.
«Lo que me motivó a adquirir las armas fueron las palabras del presidente Bolsonaro que siempre destaca la importancia del armamento civil», admitió el criminal.
Justicia del DF convirtió en preventiva la detención en flagrante del empresario, después de audiencia de custodia. Con la decisión, estará encerrado indefinidamente.
La tarea de proteger a Lula preocupa a la Policía Federal, al percibir riesgos reales en la seguridad del fundador del Partido de los Trabajadores.
En la escala de uno a cinco, creada para dimensionar el nivel de amenaza, los eventos con la participación de Lula son clasificados siempre en el nivel máximo.
Según la Ley Antiterrorista, se enmarca como terrorismo «usar o amenazar usar, transportar, guardar, portar o traer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, contenidos biológicos, químicos, nucleares u otros medios capaces de causar daños o promover destrucción en masa».
La pena en el gigante suramericano por el crimen varía de 12 a 30 años de reclusión.
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