Según la ley 27.606, aprobada por el Congreso en 2020, esta capital recibe el equivalente al 1,4 por ciento del total de los fondos coparticipables y el monto equivalente al costo de funcionamiento de su Policía que se le transfirió en 2016.
La semana pasada la CSJ decidió aumentar ese porcentaje a 2,95, más de 180 mil millones de pesos adicionales (más de mil millones de dólares).
Esa resolución carece de los fundamentos exigidos a toda decisión judicial, está viciada, afecta legítimos derechos de las provincias argentinas y quiebra la igualdad sobre la cual se asienta el federalismo en nuestra Constitución, escribió el mandatario en la red social Twitter.
Las políticas públicas se aplican en todo el país; por lo tanto, si se afectan recursos de la Nación, se ve resentida la gestión del Estado en los territorios y estos serán perjudicados, añadió.
Fernández precisó que la actual situación de las cuentas públicas y el respeto al sistema legal hacen que la resolución dictada por la CSJ sea de imposible cumplimiento.
“Ante una decisión cautelar que viola la división de poderes y carece de fundamentación suficiente, como Presidente dispuse el único remedio posible y razonable en estas circunstancias, hasta que se resuelva la cuestión de fondo o el Congreso dicte una ley”, indicó.
Instruí al Procurador del Tesoro presentar un recurso de revocatoria “in extremis” contra la medida tomada. Además, ordené recusar a los jueces del máximo tribunal por prejuzgar contra el Estado, perjudicando sus cuentas y afectando los recursos de las 23 provincias, agregó.
El mandatario explicó que “las decisiones judiciales son obligatorias aun cuando las estime injustas”.
Buscaré revertir la mala resolución de la CSJ y retomar la senda del federalismo cumpliendo la Constitución. El artículo 22 de la ley 23.982 indica que los pagos exigidos al Estado por orden judicial deben ser previstos en el Presupuesto. Advierto que ni el de 2022 ni el de 2023, votado por amplia mayoría, incluyen los mismos, indicó.
Por eso instruí a la jefatura del Gabinete de Ministros para que reasigne los únicos recursos disponibles del ejercicio 2022 y los transfiera a una cuenta del Banco Nación a nombre del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Se utilizarán bonos y se pondrán a disposición del cumplimiento de la medida cautelar que impugnamos, apuntó.
Además, informó que orientó al Ministerio de Economía enviar al Congreso un proyecto de ley para tratar en sesiones extraordinarias, que prevea presupuestariamente los recursos necesarios para cumplir el mandato judicial conforme.
Dicha norma deberá preservar el sistema federal vigente; no afectar los derechos reconocidos a las provincias y compensar las pérdidas que esta medida cautelar les produce, concluyó.
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