De acuerdo con el diario The Hill, la petición ocurre luego de que el juez del Tribunal Superior de la demarcación, Peter Thompson, falló el sábado en contra de la exaspirante republicana tras sus acciones para anular los sufragios del pasado 8 de noviembre.
El condado, que comprende alrededor del 60 por ciento de la población de Arizona y fue diana de la refutación de Lake, argumentó que la demanda de la expresentadora de televisión constituía acoso, carecía de fundamento y no se hizo de buena fe.
“Los tribunales están establecidos por la Constitución y los estatutos para resolver disputas reales entre las partes” y “no deben utilizarse para acosar a oponentes políticos y sembrar dudas totalmente infundadas sobre la integridad de las elecciones”, escribieron los abogados de Maricopa.
En tanto, Hobbs, también actual secretaria de Estado, argumentó que Lake y sus asesores legales deberían saber que no tenían pruebas para presentar con éxito una impugnación electoral.
De igual forma, remarcaron la negativa de la republicana a comprometerse a aceptar los resultados antes de las elecciones de medio término.
En la pasada semana, la excandidata del partido identificado con el color rojo expuso ante un tribunal sus teorías sobre cómo supuestamente le fue robada su victoria en los comicios, cuando, de acuerdo con el conteo oficial de boletas, triunfó la demócrata Hobbs por poco más de 17 mil votos.
El juez desestimó ocho de los 10 cargos alegados en la demanda antes del juicio, por considerar que no eran motivo suficiente para impugnar las elecciones, pero permitió que se celebrara el proceso para que Lake pudiera intentar probar los dos cargos restantes.
Thompson consideró finalmente que los demandantes no aportaron pruebas suficientes para demostrar que los funcionarios tuvieron intencionadamente mala conducta, que esta pretendiera afectar a los resultados o que, como consecuencia, cambiara el veredicto.
Arizona devino epicentro de esfuerzos del Partido Republicano por impugnar resultados de los sufragios intermedios y para ello aprovechó supuestas acusaciones de privación de derechos de los votantes.
Las autoridades de Maricopa reconocieron que las impresoras de 70 de los 223 centros de votación del condado el día de las elecciones utilizaron tinta demasiado clara, lo cual dificultó el trabajo de las máquinas de tabulación, pero insistieron en que todos tuvieron oportunidad de emitir sus boletas.
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