El 78 por ciento de los medios proceden de recursos internos divididos, de los cuales el 61,3 por ciento corresponde a los ingresos corrientes; un 0,5 por ciento a la anulación de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, mientras que otra financiación interna de proyectos, bonos del tesoro e instituciones financieras representan un 1,6; 3,1 y 12,3 respectivamente.
La actual ley de finanzas tiene un apoyo presupuestario del 21,1 por ciento correspondiente a las subvenciones y préstamos destinados a la financiación de programas, indicó la nota de la instancia.
Asimismo, se prevé que el 57,9 por ciento de los gastos estén destinados a los pagos de personas, bienes y servicios, cuotas de subvenciones e intereses de la deuda.
Según la entidad, la ley de finanzas forma parte de un Marco Presupuestario y de Gasto de medio plazo orientado a la aplicación de programas sociales del gobierno para atenuar los efectos de la inflación entre los más necesitados, luchar contra la inseguridad alimentaria y crear condiciones para la aplicación de reformas.
También se proponen aplicar el Plan Integral de Recuperación de la Península Sur, proyecto que busca relanzar los departamentos meridionales profundamente afectados por el terremoto del 2021 que dejó más de dos mil 200 fallecidos.
De igual manera, entre los objetivos figura la financiación de campañas agrícolas para mitigar el aumento previsto de la inflación, luchar contra el contrabando, terrorismo y blanqueo de dinero, así como ampliar el programa de jubilación voluntaria para los funcionarios que reúnan los requisitos, entre otros proyectos.
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