Según el artículo 66 de la Constitución, nuestra Cámara (Baja) tiene la potestad de corregir a sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones, removerlos por inhabilidad física o moral y excluirlos de su seno, señaló el texto firmado por Carolina Moisés, Hilda Clelia Aguirre, Mara Brawer, Mónica Macha y Carolina Yutrovic.
Además, detalló que la posible implicación de Milman en el intento de asesinato a la vicepresidenta Cristina Fernández está lejos de ser esclarecida.
Consideramos que se encamina hacia la impunidad si no hay una toma de conciencia por parte de funcionarios judiciales, políticos y de la sociedad toda de la gravedad a la que asistimos, indicó el comunicado.
El 30 de agosto, en el bar Casablanca, un testigo escuchó al diputado decir a sus asesoras Carolina Gómez e Ivana Bohdziewicz la frase: “Cuando la maten, voy a estar camino a la costa”.
Por otra parte, Milman presentó el 18 y 31 de agosto dos pedidos de informes vinculados a la custodia y la seguridad de Fernández.
En el primero de estos, anticipa una posible agresión: “No vaya a ser que algún vanguardista iluminado pretenda favorecer el clima de violencia que se está armando, con un falso ataque a Cristina, para victimizarla”, apuntó el documento.
El 1 de septiembre un hombre llamado Fernando Sabag intentó disparar a la vicemandataria en las proximidades de su casa, en el capitalino barrio de Recoleta, pero el arma no funcionó.
Las legisladoras se refirieron también a irregularidades cometidas por Milman durante su período como secretario de Seguridad durante el Gobierno de Mauricio Macri (2015-2019), entre estas la designación de Gómez como directora de la Escuela de Inteligencia sobre el Delito sin contar ninguna experiencia previa que le otorgara competencias.
Gómez y otro asesor, Fernando Daga, crearon la empresa Salvattore Group, recientemente intervenida por la Inspección General de Justicia por numerosas violaciones.
Además, las diputadas indicaron que Milman está implicado en los delitos de dádivas, facturaciones indebidas y el uso de un vehículo cuya titularidad posee un contratista del Estado.
También recordaron que el ministro de Seguridad de este país, Aníbal Fernandez, lo denunció a él y a la líder del PRO, Patricia Bullrich, por administración fraudulenta, defraudación contra la administración pública, asociación ilícita, abuso de autoridad, violación de sus deberes, nombramientos ilegales y negociaciones incompatibles con sus funciones.
Esos cargos aluden a la presunta contratación de 18 espías en el tiempo en que estuvieron a cargo de esa cartera durante el mandato de Macri.
En todos los casos se trataría de personas sin ningún vínculo, antecedente o experiencia en inteligencia criminal. Ni siquiera conocían la dirección del Ministerio, explicó el texto.
Los hechos relatados, muchos de los cuales se encuentran en investigación, tiñen de inmoralidad a quien debería representar los intereses de la nación. Su presencia en la Cámara la degrada y devalúa. Solicitamos a nuestros pares acompañar el presente proyecto de resolución, concluyó.
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