En una sola sesión ese cuerpo legislativo dio curso al plan original, derivado del denominado Acuerdo por Chile firmado por la mayoría de partidos políticos con representación legislativa.
La hoja de ruta alcanzó 40 votos a favor, cuatro en contra, dos abstenciones, tres senadores decidieron no votar y uno estuvo ausente, lo cual significa el apoyo del 87 por ciento de los miembros de ese cuerpo.
Un total de 91 enmiendas presentadas por partidos políticos fueron rechazadas durante la reunión.
El asunto queda ahora en manos de los diputados, donde el proceso puede ser menos expedito por la gran fragmentación de fuerzas allí representadas.
De acuerdo al cronograma previsto, el Congreso Nacional debe elegir una comisión de 24 expertos, 12 en cada cámara, con paridad de género, quienes comenzarán a trabajar el 6 de marzo en la redacción de un borrador de la nueva carta magna.
El 7 de mayo será la elección por voto popular y obligatorio del Consejo Constitucional de 50 miembros, que también debe tener igualdad de género y se les adicionará un número todavía desconocido de escaños reservados a los pueblos indígenas.
Los consejeros ocuparán sus cargos el 6 de junio y tienen un plazo de cuatro meses para presentar la nueva ley fundamental, que será hecha a partir del borrador elaborado por los expertos.
Todo el proceso terminará el 17 de diciembre con un referendo de voto obligatorio, donde la población decidirá si aprueba o rechaza el proyecto.
Diversos analistas consideran que esta es la última oportunidad de obtener una constitución para sustituir la impuesta en 1980 por la dictadura militar, encabezada por Augusto Pinochet.
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