Según el dirigente del transporte urbano en la capital hondureña, Wilmer Cálix, teniendo en cuenta los resultados de la medida que vence este 6 de enero, esperan se aplique por varios meses más, publicó el Canal 8.
De acuerdo con el medio de prensa, Cálix indicó que el tema de extorsión continúa como flagelo en el sector, pero es un avance el hecho de no registrarse muertes de conductores.
Estudios sobre el tema afirman que la extorsión en esta nación centroamericana golpea a varios sectores del país, pero son transporte y comercio los más afectados.
Analistas refieren que cada empresa de buses públicos, taxis y mototaxis tiene que pagar a las maras (pandillas) para poder entrar a barrios en sus rutas, además del lavado de dinero.
El observatorio nacional de la violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, informó que entre 2010 y 2019 se registraron aquí mil 781 asesinatos de transportistas; sólo en enero de 2020 se dieron a conocer 14 muertes, y en los primeros tres meses de 2022 las víctimas fueron 27.
La presidenta Xiomara Castro expresó recientemente que los últimos 12 años el pueblo fue víctima de la imposición de un cartel del narcotráfico desde el Estado mismo que permeó las instituciones y las estructuras policiales y militares, lo cual elevó la violencia, la extorsión y la formación de organizaciones criminales.
Para hacer frente a esas acciones, el Ejecutivo hondureño implantó estado de excepción en a más de 160 barrios y colonias en la ciudad de San Pedro Sula y del Distrito Central.
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