Reiteró la vicetitular del área adscrita a la cartera de la Presidencia el carácter político de esa protesta convocada para el 10 de enero por varios comités cívicos con el reclamo de que liberen al político imputado de terrorismo por su participación en el golpe de Estado que forzó la renuncia del expresidente Evo Morales en 2019. “Éste es un hecho judicial, está en etapa de investigación y ahí se están conociendo muchos casos, dentro de ello ha sido informado por el Ministerio de Gobierno los movimientos económicos (de Camacho), son 4,5 millones de bolivianos (movidos) en ese periodo”, explicó. .
Sobre la base de elementos aportados por el Ministerio Público, la viceministra recordó que Camacho conocía que desde diciembre de 2020 se presentó una denuncia por la ruptura del orden constitucional y la llegada a la presidencia por esa vía de la exsenadora Jeanine Áñez.
En el contexto de ese proceso conocido como Golpe de Estado I, la máxima autoridad ejecutiva cruceña fue citada cuatro veces por la fiscalía entre octubre de 2021 y octubre de 2022, pero no acudió a ninguna conminatoria, a diferencia de otros actores políticos.
Alcón refirió que ese fue el caso del excandidato a la presidencia por Comunidad Ciudadana en octubre de 2019, Carlos Mesa, quien acudió al Ministerio Público el 17 de junio de 2021, aunque recurrió a su derecho al silencio ante la comisión de fiscales que investiga la denuncia presentada por la exdiputada del Movimiento al Socialismo Lidia Patty.
La víspera, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, reveló que, entre el 5 de noviembre y el 7 de diciembre de 2019, Camacho realizó movimientos bancarios por el menos 4,5 millones de bolivianos (más de 640 mil dólares) destinados a financiar el golpe que dio lugar al gobierno de facto.
Sin embargo, sus seguidores mantienen en tensión a Santa Cruz con la toma e incendios de edificios públicos, ataques diarios contra el Comando Departamental de la Policía y bloqueos de carreteras para impedir el abastecimiento de alimentos a otros departamentos de Bolivia.
Con este trasfondo, los comités cívicos convocados por las élites de poder cruceñas determinaron realizar marchas de protesta el 10 de enero en todo el país, y posteriormente organizar movilizaciones con la exigencia de libertad para Camacho.
Alcón reafirmó que esta convocatoria tiene un carácter político pues no tiene en cuenta que este proceso se desenvuelve en la esfera judicial, y subrayó que existen familias que exigen justicia para las víctimas de masacres como las de Senkata y Sacaba y miles de violaciones de los derechos humanos durante el gobierno de facto.
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