El mapa describe la situación de 16 zonas que corresponden a 20 de los 32 departamentos del país y se trata de «territorios silenciados que siguen soñando con un futuro libre de balas».
Fue elaborado basado en los informes de la Jurisdicción Especial para la Paz, la Fundación Ideas para la Paz, Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, la Fundación Pares y reporteros propios.
El denominador común de estos conflictos es el miedo y el silencio que imponen los violentos y en cada región las dinámicas varían, aseveró.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) identificó seis conflictos armados en el país suramericano: tres involucran al Estado contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN), contra las Autodefensas Gaitanistas de Colombia y contra las miembros de las antiguas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia no acogidas al Acuerdo de Paz de 2016, refirió.
La Liga contra el Silencio recalcó el aumento de la violencia y del sufrimiento de la población colombiana en este contexto armado.
Entre enero y junio de este año el CICR documentó un incremento del 43 por ciento con respecto al mismo periodo de 2021 entre las víctimas de artefactos explosivos (377), la mayoría (el 53 por ciento) civiles, detalló.
También aumentaron el desplazamiento masivo y el confinamiento y la mayoría ocurrieron en Chocó, uno de los departamentos más castigados.
Hay otros ejemplos dramáticos, como el de Arauca, donde el desplazamiento individual pasó de 763 personas reportadas en 2021, a más de 11 mil en el primer semestre de 2022, también según el CICR, añadió.
Enfatizó que los actores armados se ensañan contra los civiles, pero más aún contra los líderes sociales.
Acerca de la exacerbación de la violencia, La Liga refiere diversos factores, expresados por varios expertos, como fallas en la política de seguridad, que durante el gobierno de Iván Duque (2018-2022) se centró en objetivos de alto valor como los grandes cabecillas.
Las organizaciones criminales tuvieron líneas de relevo más rápidas y los nuevos mandos llegaran a imponerse a la fuerza y generaron más violencia, añadió.
El otro factor son las condiciones favorables para las economías criminales, pues estas estructuras se nutren, entre otras, del narcotráfico y de la minería ilegal de oro, y el fracaso del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos, dentro de los incumplimientos del Acuerdo de Paz.
En tanto, el gobierno de Gustavo Petro aprobó la política de Paz Total, la cual le permitirá entablar conversaciones con otros grupos ilegales más allá del ELN con el que comenzó la mesa de diálogos el pasado 21 de noviembre y cuyo primer ciclo cerró el 12 de diciembre con varios acuerdos, al tiempo que anunció un cese el fuego bilateral con varias estructuras armadas.
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