Más de 13 millones de ecuatorianos están convocados a las urnas para definir 23 prefectos y viceprefectos provinciales, 221 alcaldes, 864 concejales urbanos y 443 rurales, así como cuatro mil 109 vocales de juntas parroquiales.
“Ante la situación de descomposición social existente en el país, la única esperanza que tenemos por ahora está en esos sufragios”, comentó a Orbe la socióloga Carol Murillo.
La profesora de la Universidad Central del Ecuador espera que mediante el voto sea posible detener el caos del actual Ejecutivo liderado por Guillermo Lasso con la elección de autoridades locales y regionales de oposición, para por lo menos así “equilibrar el desastre imperante”.
Con ese propósito, algunos candidatos aprovecharon la autorización formal para el proselitismo político y desde el primer día comenzaron a divulgar sus propuestas entre los votantes.
Uno de ellos fue Pabel Muñoz, de Revolución Ciudadana (RC), quien aspira a la alcaldía de Quito y ya dio a conocer los ejes principales de una eventual gestión: seguridad, trabajo, cuidado y protección, movilidad sostenible y un impulso a la interculturalidad, la ecología y el deporte.
Ante la ausencia del Estado, RC busca defender la vida en los comicios de 2023, afirmó la prefecta de la provincia de Pichincha, Paola Pabón, que pretende una reelección.
En declaraciones exclusivas a este diario,recordó que después de siete años de proscripción es la primera vez que su organización va a un proceso electoral como movimiento independiente, y eso les permite presentar candidaturas en todo el país, algo que no ocurrió en 2019.
Si bien la campaña empezó el martes último, desde mucho antes algunos candidatos hicieron propaganda anticipada, aunque autoridades del Consejo Nacional Electoral reconocieron que es algo difícil de sancionar con el actual marco legal.
El 5 de febrero los ecuatorianos elegirán además a los siete miembros principales y suplentes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), y participarán en el referendo impulsado por el Gobierno de Lasso.
Son ocho preguntas sobre asuntos como medioambiente, seguridad, transparencia, registro de partidos políticos, conformación del legislativo y las atribuciones del Cpccs.
Analistas consideran que ese procedimiento será un termómetro para medir la popularidad del mandatario y ya diversos sectores populares, entre ellos indígenas, profesores y estudiantes, adelantaron su rechazo a la propuesta gubernamental.
(Tomado de Orbe)
