Juan Gil, coordinador de la organización humanitaria Médicos sin Fronteras, a cargo del barco de rescate Geo Barents, indicó en declaraciones divulgadas este martes por el diario Corriere Adriático que «nuestras negociaciones con las autoridades italianas para un puerto más cercano lamentablemente no tuvieron éxito”.
“Es inaceptable que nos envíen a Ancona cuando otros puertos adecuados están mucho más cerca, especialmente en estas condiciones meteorológicas. Esto va en contra del derecho marítimo internacional y del mejor interés de los supervivientes”, añadió Gil.
Se espera que esta tarde, a las 19:00 hora local, arribe a ese destino el buque Ocean Viking, operado por la agrupación SOS Mediterránee, el cual traslada a 37 personas, mientras que a las 08:00 del miércoles llegará a ese puerto el Geo Barents con otras 73, rescatadas el sábado frente a las costas de Libia, precisa la publicación.
La decisión de las autoridades migratorias italianas de desviar los desembarcos al puerto adriático de Ancona responde a una nueva política del gobierno de este país, implementada mediante un decreto aprobado el 28 de diciembre último que, según analistas, tiene como objetivo dificultar y ralentizar las operaciones de salvamento.
Las organizaciones humanitarias bautizaron estas nuevas disposiciones como estrategia de puertos lejanos, la cual sustituye a la de puertos cerrados, en virtud de la cual en noviembre se impidieron desembarcos en la sureña isla de Sicilia, en particular al buque Ocean Viking, que finalmente llevó los migrantes hacia el puerto francés de Tolón.
Entre otras medidas, la legislación establece que los buques de salvamento podrán transitar e intervenir únicamente para socorro, bajo el control e indicaciones de las autoridades territoriales, y en caso contrario, se imponen sanciones al capitán y al armador de 10 mil a 50 mil euros, e incluso podría ser decomisada la embarcación.
El ministro del Interior italiano, Matteo Piantedosi, expresó recientemente que el propósito del gobierno italiano es “enfrentar el flujo migratorio ilegal y defender nuestras fronteras” ya que, según dijo, “la situación actual no es sostenible para nuestro país”.
El 5 de enero último las agrupaciones Médicos sin Fronteras, Emergency, SOS Humanity, Open Arms y Mision Lifeline, entre otras, emitieron una declaración conjunta en la que señalan que esas nuevas medidas “reducirán las capacidades de salvamento marítimo y harán que el Mediterráneo central sea aún más peligroso”
Por su parte la portavoz de la Comisión Europea para Migración, Anitta Hipper, también cuestionó ese nuevo decreto y apuntó que “salvar a personas en peligro en el mar es una obligación moral y un deber jurídico”.
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