El texto precisa que el nuevo estatuto actualiza el anterior, vigente desde noviembre de 1987, en correspondencia con “el actual contexto histórico e institucional el cual demanda cada vez mayor eficiencia”.
La norma dispone la modificación y simplificación del sistema judicial al tiempo que refuerza la independencia de los órganos de justicia y los magistrados, subordinados sólo al sumo pontífice quien los nombra.
Exige también requisitos específicos para la designación de los jueces quienes deberán ser seleccionados entre profesores universitarios que, en todos los casos, sean juristas conocidos, de comprobada experiencia judicial o forense en los ámbitos civil, penal y administrativo.
El estatuto –apunta el comunicado- se inserta en las reformas regulatorias en materia económica, financiera y penal, debido también a la adhesión a importantes convenciones internacionales y, al mismo tiempo, preserva la especificidad del derecho vaticano basado en el ordenamiento canónico.
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