Según Francisco Díaz, dirigente de ese gremio, tras reunirse con la ministra de Trabajo, Doris Zapata, no encontraron satisfechas sus demandas de quien asumiría los pagos de salarios a casi seis mil empleados en caso de cierre de las operaciones de la planta procesadora de cobre en Donoso, provincia de Colón.
La semana pasada la empresa confirmó uno de los mayores temores entre los operarios de la mina y es que de no lograr un acuerdo que evite la implementación del plan de mantenimiento y cuido, tendrá que suspender un número significativo de plazas.
“Le preguntamos a la ministra si el Gobierno asumirá los pagos o quién sería el responsable de cumplir con las obligaciones financieras de darse la suspensión de contratos”, manifestó el sindicalista.
Ante la interrogante, según Díaz , la funcionaria explicó que por el momento no tenía una respuesta, debido a que la empresa no ha agotado los recursos que le permite la ley para detener lo ordenado por la resolución emitida por la Dirección de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias (MICI).
La empresa busca a toda costa no llegar a ese momento de paralizar las operaciones comerciales, de acuerdo con un comunicado oficial.
La víspera venció el plazo que tenía la compañía para presentar un recurso de apelación ante el MICI contra la resolución del Director Nacional de Recursos Minerales que rechazó previos recursos de reconsideración presentados contra la orden de implementar un plan de mantenimiento y cuidado.
Una vez presentado el recurso de apelación, el Gobierno tiene un plazo de hasta dos meses para tomar una decisión.
De implementarse el plan de mantenimiento y cuidado, se detendrá la exportación del concentrado de cobre y se reducirá al mínimo la operación de la planta procesadora.
En este escenario la compañía debe continuar con las gestiones ambientales dentro de la concesión de 13 mil 600 hectáreas para evitar accidentes dentro del proyecto y en las zonas aledañas.
Díaz indicó que la empresa no les ha comunicado el número de contratos que serían suspendidos de ejecutarse la orden de cierre de las operaciones comerciales, ya que todos los días hay nuevos elementos que modifican el estado de las conversaciones que se mantienen con el Gobierno para lograr un acuerdo.
La empresa asegura que mensualmente paga más de 22 millones de dólares de salarios y que trabaja con más de dos mil proveedores locales con un volumen de compra de 550 millones de dólares durante el año 2021.
Zapata informó que la oficina especializada en minas ubicada en la ciudad de Penonomé, provincia de Coclé, continúa realizando las inspecciones en la mina para verificar el cumplimiento de la normativa panameña en materia laboral.
Sin embargo, sostuvo que el Gobierno se mantiene en su posición con base en los términos pactados hace un año.
Al respecto, el titular del MICI, Federico Alfaro, dijo a la prensa que bajo ninguna circunstancia puede adscribir que las resoluciones administrativas, privativas del Estado, sean resueltas por un arbitraje internacional. » Ese es uno de los puntos que están trabando las conversaciones y la firma del contrato entre las partes», remarcó.
El Ejecutivo, según sus declaraciones. no está dispuesto a conceder en un futuro esta facultad a un tercero, e insiste en tener un rol primario, y después si la empresa considera que el contrato fue resuelto de forma incorrecta, todavía tiene las opciones legales locales para hacer los reclamos.
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